Laura Alonso y Patricia Bullrich, diputadas del Pro, radicaron ayer dos denuncias penales ante la Justicia tras recibir un listado de políticos, jueces, economistas, empresarios y periodistas que por orden del Gobierno serían escuchados de manera ilegal por el Ejército o la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE).
Una de las denuncias quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello -quien la remitió al fiscal Ramiro González para que analice los pasos a dar-, en tanto que la segunda recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de inmediato de intervenir ya que figura en ese presunto listado.
Según detalló Alonso en su escrito, un supuesto «miembro de los servicios de inteligencia» la contactó para entregarle datos sobre la «interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de WhatsApp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras» de un listado de más de 200 personas. Ese listado abarca a cinco de los seis candidatos presidenciales, así como al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, los restantes miembros de ese tribunal, empresarios, sindicalistas e incluso figuras de la televisión.
Por su parte, Bullrich apuntó al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, ubicado en Villa Martelli, como otro de los edificios desde donde se desarrollan esos supuestos seguimientos.
En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que «no existe ningún edificio u oficina del Ejército en el lugar señalado por la denuncia». El texto menciona que uno de los sitios desde el que se concretaba el espionaje era el Citefa, Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas. Según Rossi, «hace diez años que el Citefa dejó de denominarse así, se llama Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y ya no depende del Ejército sino del Ministerio de Defensa. Allí casi no hay militares. Es personal civil, científico, técnico, que hace investigación»”. La Agencia Federal de Inteligencia también negó que esa dependencia realizara las tareas de espionaje denunciadas.