El mercado de alquileres inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires beneficia desde sus inicios a los propietarios por sobre los inquilinos, estableciendo normas y requisitos desiguales que impiden a aquellos que no pueden comprar acceder a una vivienda.

Un proyecto de ley presentado por el oficialismo porteño podría mejorar el sistema, especialmente porque establece que la comisión de la inmobiliaria la pague el dueño. El texto que envió el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura propone que aquel que contrata a la inmobiliaria para gestionar el alquiler debe ser el que pague el servicio.

“Entre las comisiones, los adelantos que se piden, el costo de la mudanza, se pueden llegar a hacer 5 o 6 meses de alquiler que hay que ponerlo por adelantado. Eso les hace imposible a muchas familias acceder a un alquiler”, sostuvo Rodríguez Larreta, por lo que uno de los cambios será “que la comisión la pague el dueño, para así compartir el costo”.

Este aspecto básico, que hasta ahora constituye una gran injusticia, forma parte de varios proyectos presentados por diferentes fuerzas políticas pero que nunca prosperaron en la Legislatura.

“La iniciativa es positiva, todo sirve en un contexto tan desigual, pero todavía falta regular otros temas que afectan a los que quieren alquilar”, sostuvo en diálogo con “Crónica” el titular de la asociación Inquilinos Agrupados (IA), Gervasio Muñoz.

En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 400.000 familias que alquilan una vivienda para vivir, y tantas otras miles que tienen la intención pero los requisitos tornan imposible el acceso.

“La reforma soluciona la comisión inmobiliaria y los trámites de gestión ya no los pagaría el inquilino”, celebró Muñoz, quien también destacó que aún queda mucho por resolver. Por lo pronto, los legisladores del PRO presentarán en los próximos días una reforma de la Ley 2.340 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.

El objetivo es que la comisión inmobiliaria no sea pagada por los inquilinos; que los derechos de los inquilinos y propietarios estén presentes en toda página web y espacio físico a cargo de inmobiliarias; y que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), junto con la Defensoría del Pueblo, provea asistencia legal gratuita.

El acto de presentación que encabezó ayer el jefe de gobierno tuvo lugar en la casa de una vecina del barrio de Saavedra, y participaron también el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el titular del IVC), Juan Maquieyra.

El titular de IA destacó que tal proyecto “se desprende de una propuesta integral que le hicimos al gobierno de la ciudad”. De hecho, Maquieyra resaltó que “la manera de lograr todo esto es trabajando y dialogando con todas las partes. Es un paso que Inquilinos Agrupados venía pidiendo y que hoy afianza un camino más justo”.

“Hay mucho por hacer -continuó Muñoz-: repensar las exigencias para las garantías, el impuesto a la vivienda ociosa, la construcción de viviendas públicas en alquiler, el blanqueo del mercado, entre otros”.

Vale destacar que la mayoría de las transacciones que se hacen en el mercado de alquileres inmobiliarios (no sólo en el momento de firmar el contrato, sino también en el pago mensual) no son facturadas y, por ende, no pagan el impuesto correspondiente.

Este punto cobra particular relevancia, teniendo en cuenta que uno de los últimos cambios en el impuesto a las Ganancias permite descontar el alquiler para vivienda.

Entre los pendientes, el proyecto prevé “armar una mesa de trabajo para trabajar en dos problemas: uno es el tema de la garantía, hay muchas familias que no pueden alquilar porque no tienen acceso a una garantía, otro el de las propiedades vacías”, describió Rodríguez Larreta. A estos puntos, el titular de IA agregó: “Un tema que debería incluir sí o sí un proyecto justo para inquilinos es la regulación del precio de los alquileres”.

En el 2016, los alquileres aumentaron entre 42% y 44%, por encima de la inflación, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda porteño.

La iniciativa reforma la Ley 2.340 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.

Propone que la comisión inmobiliaria sea pagada por los dueños únicamente, no por los inquilinos.

Plantea que los derechos de los inquilinos y propietarios estén presentes en toda página web y espacio físico a cargo de inmobiliarias.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), en conjunto con la defensoría del Pueblo, proverían asistencia legal gratuita.