La fiscal general Gabriela Baigún radicó la denuncia, tras considerar que Fernández le mintió a la Justicia, al afirmar que carecía de patrimonio embargable, para luego vender dos automóviles de alta gama, un BMW y un Toyota, por más de un $ 1 millón, cuando ya se había ordenado su inhibición general de bienes.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Baigún, tanto Fernández como otros procesados que deberán afrontar un juicio oral por el llamado “plan Qunita” habían informado a la Justicia que no contaban con bienes suficientes para responder a potenciales embargos, pero no era así.

Según corroboró la fiscal, con la ayuda de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, varios de los acusados que dijeron no tener bienes a su nombre acumulaban, en realidad, 19 autos, 81 inmuebles, 1 moto, 4 embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos.

Consultado por LA NACION, Aníbal Fernández negó haberse insolventado o haber actuado sin conocimiento judicial. “Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí”, sostuvo.

“Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición”, desafió el ex ministro del Interior y de Justicia durante el kirchnerismo. “Ya hablé con mi abogado y el lunes nos presentaremos a dar todas las explicaciones y exponer lo que hicimos, paso por paso”, adelantó.

Para la fiscal Baigún, sin embargo, las acciones de Fernández y de otros acusados podrían configurar el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el segundo párrafo del artículo 179 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión.

Aunque por la pena prevista, ese delito en sí mismo no debería causarle mayores dolores de cabeza, sí podría complicar la situación general de Fernández, ya que en la causa “Qunita”, el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Más aún, la denuncia de la fiscal Baigún podría provocar su detención. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal que tomen su denuncia pueden interpretar que Fernández y otros acusados buscaron obstruir la acción de la Justicia y ordenar sus detenciones.

Ese fue el caso, entre otros, del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien se encuentra detenido desde julio pasado en la causa “Los Sauces”, también por orden del juez Bonadio, quien concluyó que el colaborador de la otrora familia presidencial entorpeció la pesquisa.

“Reiteradamente, Manzanares había producido determinados hechos para sustraer del control de la «Sucesión Néstor Carlos Kirchner» y luego del condominio «Máximo y Florencia Kirchner SH», dineros provenientes de los alquileres en provecho de sus clientes”, por entonces informaron desde el juzgado de Bonadio.

Aníbal Fernández es consciente de ese riesgo.