El presidente catalán, Carles Puigdemont, dará mañana un paso decisivo en el conflicto de secesión que mantiene expectante a España y Europa, cuando devele en el Parlamento regional si avanza de forma unilateral declarando la independencia de Cataluña, una decisión a la que el Ejecutivo español tiene previsto responder con contundencia.
A horas de la sesión parlamentaria, fijada para las 18 (las 13 de Argentina) hay muy pocas señales que permitan mantener viva la esperanza de que se producirá una marcha atrás en los planes secesionistas o una negociación de último momento entre el gobierno catalán y español que evite el choque de consecuencias impredecibles que tendría la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.
La Asamblea Nacional Catalana (ACN), principal organización civil independentista y responsable de las multitudinarias movilizaciones de los últimos años, convocó a sus simpatizantes a reunirse en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, donde está situado el Parlamento catalán, para «avanzar conjuntamente con las instituciones catalanas en la defensa del resultado del referéndum del 1 de octubre».
«El martes 10 de octubre declaramos la independencia», asegura el líder de la ANC, Jordi Sánchez, en un video difundido en Twitter, mostrando la posición inequívoca de la base social, ante las dudas que surgieron en los últimos días en la cúpula del bloque secesionista, especialmente en el PDeCAT, el partido de Puigdemont, de la conveniencia o no de avanzar de forma inmediata hacia la ruptura.
«No tenemos ninguna duda de que se van a cumplir los acuerdos y, por lo tanto, se declarará la República catalana», afirmó por su parte Benet Salellas, diputado del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), el aliado indispensable del gobierno catalán en el desafío secesionista.
Ante este escenario, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, garantizó hoy que «hará todo lo necesario», usando los instrumentos de la Constitución y el Código Penal, para impedir la secesión de la norteña región.
El líder conservador se expresó en estos términos ante la cúpula de su Partido Popular (PP), según explicó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, quien hoy protagonizó una fuerte polémica al afirmar que si Puigdemont declara la independencia unilateral puede acabar como Lluís Companys «hace 83 años».
El ex presidente catalán Companys fue detenido en 1934 y encarcelado por el gobierno de la II República, pero luego de la Guerra Civil Española, estando en el exilio, fue capturado por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, y fusilado por la dictadura franquista en 1940.
Rajoy advirtió que se tomarán las medidas «con mano firme y sin complejos», pero no habló expresamente del artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender el autogobierno de Cataluña, como había asegurado previamente la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
La «número dos» del Ejecutivo insistió en que una eventual DUI no tendría efectos -porque nadie reconocería a Cataluña-, pero confirmó que el gobierno de España, a través del Senado, va adoptar medidas», refiriéndose al polémico artículo 155, un mecanismo que requiere el visto bueno de la mayoría absoluta de la Cámara Alta.
Mientras el goteo de empresas que abandonan Cataluña continúa -hoy anunciaron su retirada la compañía de infraestructuras Albertis, el grupo editorial Planeta y la inmobiliaria Colonial-, la ansiedad se está apoderando de los ciudadanos catalanes y de los líderes políticos que se oponen a la secesión.
A Puigdemont «no le va temblar el pulso» mañana y declarará la independencia de Cataluña pese a la división interna de Junts pel Sí, avisó el partido Ciudadanos, aliado de Rajoy y partidario de aplicar el 155 para convocar elecciones regionales en Cataluña.
Su líder, Albert Rivera, advirtió incluso que los independentistas intentarán hacerse con el control de las infraestructuras de la región.
El líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, instó a un diálogo de último momento, pero aclaró que respaldará al Ejecutivo en una «respuesta constitucional» a la DUI.
En ese contexto, Jordi Xuclà, del PDeCAT, arrojó un manto de duda sobre lo que ocurrirá mañana al afirmar que la sesión parlamentaria servirá para pedir «diálogo» de cara a «hacer posible la aplicación de los resultados del referéndum» del pasado 1 de octubre, que se celebró bajo prohibición y en medio de una inédita represión policial.
De acuerdo con los datos definitivos del gobierno catalán, de los 2,28 millones de personas que votaron -el 43% del censo electoral-, el 90,18% dijo que quiere independizarse de España.
Además, el eurodiputado del PDeCaT Ramón Tremosa dio algunas pistas respecto a los pasos que piensan seguir los independentistas para declarar la secesión, mencionando el modelo de Eslovenia, que se independizó de la entonces Yugoslavia en 1991.
El plan sería que mañana se apliquen los resultados y se proclame unilateralmente la independencia, para luego «suspender» esa declaración durante un tiempo en busca de reconocimiento internacional, según explicó a la radio Onda Vasca.
En el caso esloveno, después de seis meses de negociaciones en los que la otra parte «ni se sentó a la mesa, empezaron a caer los reconocimientos internacionales», subrayó.
«No hay declaración retórica posible ante los dos millones de votos defendidos con el cuerpo el 1 de octubre. Sería legitimar la violencia policial, rendirnos», escribió en Twitter la diputada Mireia Boya, una de las voces duras de la CUP, partido que defiende declarar ya la secesión para «negociar de igual a igual» con el Estado español.
Tras un fin de semana marcado por la movilización contra la secesión, que confirmó una fractura social en Cataluña en torno a la cuestión independentista, las voces que reclaman diálogo y negociación no callan debido a la incertidumbre y el miedo a las consecuencias impredecibles que derivarán de un choque frontal a través de una DUI y la aplicación del 155.
La suspensión del autogobierno de Cataluña es una medida que en el imaginario colectivo supone un ataque al principal símbolo político de la recuperación de la democracia tras la dictadura franquista, de ahí que no se puede prever cuál será la reacción política y social.
«Pido a Rajoy y a Puigdemont que no tomen ninguna decisión más que pueda dinamitar un espacio de diálogo. Este será el acto más valiente», subrayó hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en un mensaje institucional advirtió al líder secesionista que el referéndum del 1 de octubre «no puede ser un aval» para romper de forma unilateral con España.
