Tras la polémica desatada en torno a la norma, publicada en el Boletín Oficial, que le permite al Gobierno acceder a la base de datos de la Anses, Peña señaló que «está previsto y permitido por la Ley» a la vez que advirtió que se trata de «mejorar la capacidad de llegar con información a los ciudadanos», al mismo tiempo que desde sectores como el Frente Renovador, El frente para la Victoria y el Partido Socialista, entre otros, criticaron la medida.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que en el gobierno «no hay vocación de utilización política» en la decisión de poner a disposición de la Secretaría de Comunicación Pública la base de datos de la Anses, y afirmó que «está previsto y permitido claramente por la ley» de protección de datos personales.
En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Peña dijo además que no hay decisión de «usar la comunicación pública como herramienta política» y que el objetivo del Poder Ejecutivo es «mejorar la capacidad del Estado de llegar con información a los ciudadanos».
En ese marco, el funcionario dijo que «no se trata de información confidencial que vulnera la intimidad de ningún ciudadano» y que se busca «trabajar en la cooperación dentro del Estado para mejorar la comunicación con los ciudadanos».
Peña sostuvo además que este tipo de convenios para compartir información pública «está previsto y permitido por la ley» y «tiene muchísimos antecedentes en los últimos años».
Asimismo puso como ejemplo que temas como la devolución del IVA o los cambios en las jubilaciones «son beneficios nuevos que requieren de una comunicación» y que «el Estado pueda llegar a las personas para explicarles ese mensaje».
El jefe de Gabinete señaló además que «la base de datos de la Anses es tremendamente incompleta, con un tercio de datos de contacto de sus beneficiarios, lo que demuestra cuál era la concepción de la comunicación en la gestión anterior basado en la propaganda política que preveía un monólogo pero no una conversación».
«El año pasado en la Anses se gastaron mil millones de pesos en publicidad pero no podían contactarse con sus beneficiarios. Nosotros estamos transformando eso, pero no utilizando medios públicos -como Tecnópolis o Fútbol para Todos- para hacer propaganda política», agregó.
Peña señaló también que toda comunicación directa desde el Estado con la ciudadanía «será puesta online para que nadie tenga duda de que estamos aumentando la capacidad de llegar a los ciudadanos con la información pertinente sin vocación de utilización política».
Por último, indicó que «toda persona que reciba un mail del Estado» podrá dar de baja esa suscripción o «bajarse de esa base de datos diciendo que no quiere recibir más esa información.
Más temprano, la presidenta del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró como «un error grave» la resolución que permitirá al Gobierno utilizar esa base de datos, al sostener que «bajo ningún punto de vista se puede disponer de datos indispensables que tiene el Estado nacional».
Para Camaño, «el gobierno cometió un error grave» que, dijo, «espero que lo subsanen con algún acto administrativo», y afirmó que la Anses «no es la dueña de los datos porque el dueño de esos datos sigo siendo yo» ejemplificó y agregó: «Bajo ningún punto de vista ningún organismo público puede hacer uso de ese dato para otra cosa que no sea para lo que yo lo otorgué».
En ese sentido, la diputada del Frente Renovador recordó que se trata de un derecho plasmado en la ley denominada de habeas data, que establece que los datos que el Estado o privados tienen en su haber «son datos sensibles» y sostuvo que la Constitución «ampara ese derecho de las personas a solicitar medidas sobre el registro que de ellos tengan bancos públicos o privados».
«No se trata de datos que se presten, se los otorga con un fin específico como es el de obtener el haber jubilatorio», precisó la diputada en declaraciones a radio AM Belgrano.
Por su parte el coordinador de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, aseguró hoy que la decisión «cumple con las leyes sobre protección de datos vigentes», y permite desplegar una política comunicacional «mucho más económica y efectiva».
«Con el gasto que hubo en publicidad oficial que no sirvió para nada, esta forma mucho más económica y menos ruidosa debería ser vista como un gesto de modernización», postuló el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, en las que defendió la medida tomada por el gobierno nacional y que generó críticas desde distintos sectores de la oposición.
En este sentido, garantizó que el gobierno no le dará un uso político a las datos y sostuvo que, si así ocurriera y el año que viene la gente «empieza a recibir comunicaciones del PRO, se armará un escándalo notable y estaría bien que así fuera».
«Nosotros no lo vamos a hacer; este gobierno tiene clara la separación entre gobierno y Estado, cosa que hace mucho tiempo no existía», disparó el secretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete.
En este marco, subrayó que lo estipulado por la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial «cumple con las leyes sobre protección de datos vigente» y, frente a la polémica desatada en torno al tema sostuvo que utilizar esos datos «para campañas políticas no cumpliría con las leyes vigentes».
«Obviamente está el riesgo de que el gobierno lo use para promocionar a sus candidatos en un futuro pero eso, primero, está prohibido y, segundo, queremos ganar la confianza de que no lo vamos a hacer y, no haciéndolo, vamos a legitimar el proceso», aseguró Iglesias Illa.
El diputado de La Cámpora, Andrés Larroque (Frente para la Victoria) criticó hoy la resolución y consideró que la administración de Cambiemos es «el gobierno de los trolls» y que el convenio es «violatorio de la ley de datos personales».
En diálogo con radio Del Plata, Larroque s tildó la resolución de «caja de Pandora», y evaluó que es «muy grave» porque implica que «los expertos en campaña sucia van a manejar la información de todas las personas».
El legislador adelantó que, junto a algunas pares de bancada, presentarán una denuncia ya que en realidad se trata de que «el gobierno de los trolls tiene acceso al DNI, CUIT, domicilio, estado civil» entre otros datos personales de la población.
«Si el gobierno quiere saber qué piensa la gente respecto del tarifazo, creo que esa información está a la vista, y no toma medidas», dijo e insistió en que el gobierno nacional «trata de utilizar la información de las personas para hacer campañas».
También se mostró en contra de la norma, la presidenta del bloque de diputados socialistas Alicia Ciciliani, quien consideró que «es más peligroso que la cadena nacional o el Fútbol para todos» de la administración anterior por que «ahí te podes defender, podes cambiar, pero esto es una manipulación que no podes controlar, porque esas 32 millones de personas las podes segmentar para mandarles mensajes, podes conocer su intimidad, sus consumos, sus gustos, relaciones y necesidades», explicó.
«Hay una ley que cuida la privacidad de las personas, una ley de la democracia que nos tiene que dar igualdad a todos, el partido de Gobierno no puede tener esta ventaja sobre los demás partidos», señaló en diálogo con radio Continental.
