La doctora María Fernanda Insfrán, Gerente de ANSES en Clorinda, dialogó con Radio Uno y comentó que “tenemos un número bastante alto de casos que jubilaciones de extranjeros, paraguayos que residen en Paraguay pero tienen DNI argentino y que estaban percibiendo la jubilación; no podemos precisar con exactitud el número pero entre Clorinda, las zonas aledañas y la capital, alcanzan los 1.000 casos”.
La doctora Insfrán habló de los requisitos mínimo indispensables que exige la Ley Previsional Argentina para los ciudadanos extranjeros radicados o los naturalizados, que deben tener 30 años de residencia mínima en el país, contar con la edad (60 para las mujeres, 65 para los hombres), además de los aportes.
Las personas cuyas jubilaciones fueron dadas de baja no cumplían con estos requisitos. “Se les envió cartas documentos a los domicilios que denunciaron en ANSES al momento de solicitar su jubilación, donde se los intima a que en un plazo de 10 o 60 días, es opcional; deberán presentar las documentaciones que acrediten su domicilio, como ser las dos facturas de servicios de tres de ellos, como agua, luz y teléfono fijo; en caso de que no puedan cumplimentar con ello, se les pide una factura de servicio más el contrato de locación o el título de la casa donde habitan o dicen habitar; en los casos donde el domicilio que denunciaron no exista o resultó que no vivían allí; la carta es enviada a Buenos Aires donde el beneficio entra en un período de suspensión preventiva por 30 días”.
Recién llegada a esta etapa, los jubilados al darse cuenta que no pueden cobrar, se acercan hasta las oficinas de ANSES y se les notifica de su situación. Allí les indicarán qué documentaciones presentar. “Es el momento en el que muchos se sinceran y reconocen que no viven en los domicilios que denunciaron”.
La mayoría de los casos se trata de jubilaciones que fueron gestionadas por gestores, que además de cobrarles a los beneficiarios entre el 30 y el 50% de lo percibido; fraguaron las documentaciones, incurriendo así en el delito de Defraudación de la Administración Pública.
“Es un delito excarcelable, aunque dependiendo de los antecedentes de las personas podría caber la posibilidad de la prisión”, indicó la doctora Insfrán quien sostuvo que “la persona a la que se le dio de baja el beneficio será intimada para devolver el dinero mal habido”.
