El gobierno reglamentó hoy la ley 27.345, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, que prorrogó la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, y que fuera fruto del acuerdo firmado entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo.
La medida se oficializa tras sucesivos pedidos por parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entidades que impulsaron la norma y que reclamaban, justamente, esta reglamentación.
La denominada ley de Emergencia Social creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, además del Registro Nacional de la Economía Popular, ambos en el ámbito del ministerio de Desarrollo Social, por lo que el decreto 159/17 publicado hoy en el Boletín Oficial establece la reglamentación de los artículos vinculados con estos temas.
El artículo 2 del decreto define a la economía popular como «toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar», siguiendo las definiciones establecidas por la Recomendación 204 de la Organización Internacional de Trabajo y de la Resolución N° 32/2016 del registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, Jorge Triaca, Carolina Stanley y Nicolás Dujovne, respectivamente, el decreto faculta a las tres carteras a «dictar toda la normativa complementaria que resulte menester para el cumplimiento de la reglamentación».
Por otra parte, se establece que los tres ministerios y las tres organizaciones consignadas «designarán, respectivamente, un representante titular y un reemplazante, que podrá participar de las reuniones, y en caso de vacancia o imposibilidad del primero, ocupará su lugar» en el mencionado Consejo.
Luego de meses de reclamos de grupos piqueteros, la administración nacional oficializó la norma que habilita partidas de $ 30.000 millones extra que se destinarán a la población en situación de vulnerabilidad.