El hijo de Ducler puede ahorrarle millones al país por YPF

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Juan Manuel Ducler, el hijo del fallecido Aldo Ducler, tiene en sus manos la posibilidad que Argentina se ahorre, aproximadamente, U$S 3.000 millones de dólares. Si el heredero de Mercado Abierto libera los datos que su padre afirma tener bajo siete llaves en varias escribanías de la Capital Federal, y si obviamente esa información es cierta (parece que sí lo es), los abogados que representan al país en el juicio que le entabló a la Argentina y a YPF el fondo buitre Burford Capital en los tribunales de Nueva York tendrían las pruebas para demostrar que hubo un delito en la operación de compra de las acciones. Y según las leyes federales de los Estados Unidos , esa ilegalidad haría caer la demanda.

Para esto los abogados del estudio Akerman que defiende al país debería contar con esa información y presentarla ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la instancia donde ahora está el juicio que Bruford le planteó al país. Hay poco tiempo: el próximo jueves al mediodía de Buenos Aires los abogados que defienden a la Argentina y a la petrolera tendrán sus 12 minutos de explicaciones, y tendrán que convencer a los jueces de la posición nacional. Esto implica que Juan Manuel Ducler debería entregarle los datos a los abogados en las próximas horas para que estos lleguen a tiempo para procesarlos y presentarlos ante los tres jueces que definirán en segunda instancia la causa: Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin.

Cuando termine la audiencia, ya no habrá tiempo para presentar nuevos argumentos, y, simplemente, habrá que esperar el fallo y eventualmente apelar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde no se admiten nuevas pruebas y donde sólo se juzgará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la demanda. Y esto en el caso que la Corte decida tratar el caso. Hay que recordar que hay un antecedente negativo para el país: el máximo tribunal de los Estados Unidos ya rechazó la apelación del país por el juicio perdido contra los fondos buitre por el default de 2001, una causa con mucho más matices que la que ahora debe resolver la Cámara.

Aldo Ducler había hecho hace un año una primera aproximación para aportar los datos. Se había cercado ante la Procuración General del Tesoro en los días en que esta repartición era manejada por Carlos Balbín (mediados de 2016), quién, directamente, echó al financista del despacho y lo amenazó con llevarlo a la justicia. Luego, ya en 2017, Ducler tocó la puerta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y entregó un escrito donde directamente aseguraba tener pruebas del delito concretado entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la compra del 25% de la petrolera YPF por parte del Grupo Petersen, antes de la renacionalización de 2012. A cambio reclamaba que se le pague un 10% de recompensa, libre de impuestos, sobre lo que se le gane al fondo Bruford; quién le había comprado el juicio contra la Argentina al ex socio nacional de YPF. Ducler pedía que se le aplicara la ley del arrepentido en versión local , que en teoría autoriza este tipo de delaciones a cambio de una recompensa.

El financista aseguraba que la información con la que contaba era demoledora contra los litigantes y que le permitiría al país ganar el juicio sin atenuantes. La UIF no prestó atención. Tampoco el resto del gobierno nacional, y la causa siguió su curso hasta la apertura de la audiencia del próximo 15 de junio. Para peor, Ducler falleció el jueves primero de junio, todo indica que por causas naturales. Sin embargo Juan Manuel Ducler asegura que la misma información está guardada en diferentes escribanías de la Capital Federal y que no perdieron validez. Al contrario. Como el gobierno asegura que no tiene tiempo de aplicar la ley del arrepentido en este caso, además de no tener voluntada política de hacerlo; la única alternativa que queda es que Juan Manuel Ducler voluntariamente se presente ante la Procuración del tesoro con los datos que su padre decía tener, y que esta información vuele a los Estados Unidos en tiempo y forma antes de la audiencia del próximo jueves.

El fondo Bruford llevó el juicio a los Estados Unidos, al considerase damnificado por los mecanismo utilizados para la operación de expropiación a Repsol de la petrolera en 2012. Bruford Capital reclamará, en sus 12 minutos de audiencia, que el país le pague unos 3.000 millones de dólares por los supuestos «daños» provocados durante el Gobierno de Cristina de Kirchner a la empresa Petersen Energía; compañía que adquirió el 2015 sólo para avanzar en este juicio contra el país.

El caso planteado por Bruford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después que el juez derivara el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska falló a favor de Bruford en diciembre del año pasado, y el gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la cámara de Nueva York, que el jueves abrirá sus puertas para escuchar a las dos partes.

La demanda del fondo Bruford Capital contra YPF y Argentina se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora. Estas dos empresas, abiertas para negociar directamente con Repsol en España, entraron en quiebra en 2012 luego de la renacionalización, pero el Grupo Petersen se negó a hacerle un juicio al país. Lo que hizo fue vender la quiebra a Burford, que fue quién inició el juicio que ahora comienza a resolverse en EEUU. El argumento para llevar al país y a la petrolera a juicio, es que en la propia ley de renacionalización se le prohibía a la petrolera volver a repartir dividendos entre los socios. Como Petersen pagaba su ingreso con el 25% con las ganancias, y como dejó de percibirlas luego de la expropiación, ya no tuvo dinero para pagarle a los acreedores y se presentó en quiebra. Una vez ingresado Burford, llevó la causa ante el juez Thomas Griesa, que le dio lugar, y sumó el caso al juicio con los fondos buitre por el default del 2001. Sin embargo, una vez resuelta esta diputa en abril del año pasado, la causa de Bruford contra Argentina e YPF fue derivada a Preska. La jueza falló a favor del fondo y la causa comenzará a definirse el jueves en Nueva York.

Para Argentina, la operación fue in simple acto soberano tomado por el Gobierno de Cristina de Kirchner sin intención comercial, dado que la ley de renacionalización explicitó que no habría repartición de dividendos entre los socios. Según este argumento, se trataría de un «Act of state». Estados Unidos tiene limitado la acción judicial con respecto a las acciones de otros países, en este caso la Argentina, por lo que su poder judicial no debería entrometerse en los asuntos jurídicos y comerciales de otros países, a pesar de que las acciones de YPF cotizan en la bolsa de Nueva York.

El «Act of state» se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida. En su presentación los abogados sostuvieron que la expropiación de YPF a la empresa Repsol «es constitucional y fue avalada por el Congreso».