En medio de los fuertes cuestionamientos del Gobierno a la Justicia por la denominada «puerta giratoria» y previo a la marcha contra la inseguridad en el Congreso, avanzan las reformas en la Policía Bonaerense de la mano de Ignacio Greco.
En lo que va del año la gobernadora María Eugenia Vidal ordenó el desplazamiento de casi dos mil efectivos de la fuerza, obligó a los altos cargos a presentar declaraciones juradas y le quitó al cuerpo el manejo de las horas adicionales (CORES) y de la verificación vehicular (VTV) por irregularidades.
La funcionaria avanza en el control de las cajas millonarias de la fuerza de seguridad, para darle mayor transparencia a la fuerza y combatir las mafias y corrupción en el organismo. Luego de tomar estas medidas su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, eliminará una oficina que, a cargo de un uniformado, manejaba una parte de los fondos de la fuerza y se la traspasará a un civil.
Ritondo firmará la resolución que elimina la Superintendencia de Coordinación Administrativa y le pasa el control al actual actual subsecretario Legal, Técnico y Administritativo del Ministerio de Seguridad Ignacio Greco. El funcionario es un viejo conocido del PRO, ya que cumplió esa misma tarea con la Policía Metropolitana cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño.
El anuncio se hará mañana, un día después de la marcha contra la inseguridad en Congreso. La medida, de todas maneras, estaba en carpeta desde hace semanas, cuando Ritondo acordó con Vidal el plan para reformar la estructura de la fuerza con el objetivo de destinar a la prevención a los policías que actualmente cumplen con tareas administrativas, de acuerdo a Clarín. De los 86 mil efectivos que tiene la Bonaerense 12 mil cumplen tareas de oficina, lo que es considerado un número excesivo para la administración de Vidal.
