Pasaron seis meses de haber asumido como presidente cuando Néstor Kirchner rescindió el contrato que unía al Estado con Correo Argentino, la compañía que explotaba el servicio del histórico correo oficial. Se apeló a un decreto, el 1075/2003, en el que se dejó claro que el motivo de la vuelta atrás en la concesión era por culpa del concesionario, manejado entonces por el grupo Macri.
Pero la historia de los servicios públicos argentinos se rige por el principio del huevo o la gallina. ¿Qué sucedió primero? ¿La cadena de incumplimientos que efectivamente acumulaba el concesionario o los del Estado? Es verdad que el Correo Argentino tenía decenas de obligaciones que debió ejecutar, pero también lo es que el Estado tampoco cumplió su palabra. Uno debía inversiones; el otro, pagos de millones de envíos despachados pero jamás cancelados.
Ninguna administración, la actual tampoco, pudo romper con un viejo vicio: el Correo es el cadete gratis del Estado y de todas sus agencias. Algo así como el sobrino del dueño de la empresa, que reparte correspondencia y pocas veces cobra por el trabajo. Eso sí, como ese cadete obediente, no se puede negar a recibir y llevar la carta a destino. La regulación, aún vigente, no le permite al correo rechazar una diligencia, aunque el remitente sea un deudor moroso.
Más notas para entender este tema Objetan un millonario acuerdo entre el Gobierno y el Correo Cerca de los Macri defendieron el convenio que rechaza la Justicia Con incumplimientos mutuos empezó aquella relación. El mismo decreto firmado por Kirchner y los ministros Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Julio De Vido reconoce que hubo un momento en que se aceptó una compensación. Sin embargo, las cuentas nunca conciliaron y la relación de aquel correo con el Estado ya estaba rota en 2001.
Tenía razón aquella administración en que la empresa del grupo Macri sumaba incumplimientos. El privado decía que gran parte de las obligaciones de inversión estaban en una planta de distribución que construyó en territorio bonaerense. El Estado no reconocía el valor que el Correo decía que había invertido en el predio.
El problema de aquella caída empezó con la falta de pago por los servicios prestados. Las cartas iban y venían, el Correo mandaba las facturas y se acumulaban en pinches de cuentas impagas. Aquella dinámica no se cortó aún. Las agencias del Estado deben millones al Correo estatal.
No es el único incumplimiento. En aquella norma de 2003, en el artículo 4°, se instruía a De Vido para que en 180 días reprivatizara el servicio. Pasaron más de 4750. Trece años.
