Maximiliano Rusconi, abogado defensor de Lázaro Báez, presentó un escrito pidiendo en carácter de “urgente” la prisión domiciliaria para el empresario K, argumentando que padece “un estado depresivo ansioso”. Además, sugirió que se lo incluya en el programa de personas bajo vigilancia electrónica.

“Báez padece de sobrepeso, sedentarismo y dislipemia, con un cuadro diabetes tipo II de 7 años de evolución, además de hipertensión arterial y adicionalmente, asma bronquial leve persistente, y gastritis crónica en tratamiento”, señala en su nuevo escrito Rusconi, retomando las conclusiones de la pericia médica, según publica Clarín.

Pese a que el cuerpo de especialistas consideró que las patologías “crónicas” que padece Báez no revisten gravedad alguna, como para justificar un urgente traslado desde el penal de Ezeiza, su abogado señaló que presenta una “alta morbimortalidad de acuerdo a su edad” (60 años), y añade que a esto se suma “el estrés constante al que está expuesto producto de su detención” considerando que le genera “un aumento de sus niveles de adrenalina y cortisol, con el desequilibrio metabólico”.

El cuerpo forense había informado al juez Sebastián Casanello que al momento de realizarle a Báez el estudio que incluyó cardiólogo, neumonólogo, oftalmólogo, entre otros, Báez “se presentaba lúcido, afebril, hemodinámicamente compensado, orientado en tiempo y espacio” y destacó: “Sin signo de enfermedad física aguda en evolución”.

La recomendación de la pericia médica fue que Lázaro Báez cumpla en el penitenciaro de Ezeiza “fielmente” con todas las indicaciones de sus médicos, “a efectos de disminuir al máximo las complicaciones y evitar la aparición de nuevas perturbaciones físicas” y no consideran que haya alguna afección que indique que deba dejar la cárcel.

Pese a estos estudios, la defensa insiste en que si Báez continua preso “habrá graves consecuencias perjudiciales hacia su salud, que no puede ser tratado adecuadamente intramuros”.

Preso hace seis meses en Ezeiza por lavado de dinero, la defensa sostiene que el empresario K necesita un ámbito “domiciliario para poder asegurar de manera más efectiva el mantenimiento de su salud psicofísica”. En esta misma línea argumentativa el escrito remarca que no contó “con los recursos y tratamiento específicamente aptos para personas de la tercera edad”.