El caso de FM Identidad, recientemente adquirida por Vorterix, es un claro ejemplo de cómo se viola la ley de medios, y el estado no reacciona porque no lo hace Clarín, sino amigos del relato.
El miércoles, los técnicos de Vorterix se hicieron cargo de la planta transmisora de FM Identidad en el edificio conocido como el Rulero, en Luis María Campos y Dorrego. Recibieron las llaves de manos de Lázaro Jastreblansky hasta ahora jefe técnico de la emisora.
Usando la frecuencia del 92.1, Vorterix emitirá desde la terraza de aquel edificio, pero con un mástil propio -el que ya usa FM Rock&Pop, del mismo grupo- y aumentará la potencia (algo que no puede hacerse sin autorización de la Afsca).
En principio no dejará su actual lugar en el dial, 103.1, y emitiría en dúplex durante algún tiempo. Si así fuera, estaría violando otro aspecto de la ley audiovisual.
Actualmente, Vorterix alquila el 103.1 a Radio Rivadavia, algo también prohibido por la norma sancionada en 2009 (Art. 44 y 106).
El permiso de Identidad la autorizaba a emitir con menos de 5 kilovatios de potencia, pero lo hacía con 18. Vorterix, en la misma frecuencia, podría darle hasta 60 kilovatios de potencia.
Esta semana, Pergolini ironizó varias veces en su programa Tenemos malas noticias sobre el cambio de dial de su emisora, cuya propiedad comparte con los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
Ayer comparó la situación de Identidad con la de FM Radio City 89.9, que habría sido comprada por el grupo Whertein, y que pronto cambiará su programación. «¿Habrán despedido también a 200 personas?», se preguntó. Según los ex trabajadores de FM Identidad, ése es el número de personas afectadas por el abrupto cierre de la emisora, entre empleos directos e indirectos (periodistas, productores y asistentes que ponían al aire sus programas desde esa emisora).
El lunes había dicho: «¿Cómo hicimos para dejar 200 empleados en la calle? ¿Fuimos con una topadora? Primero, no tienen 200 personas. Después es un medio que estaba en venta y lo compró un grupo de gente. El mismo dueño lo comunicó y dijo que indemnizará a los empleados. Lo que se vendió fue la frecuencia», explicó Pergolini.
La transferencia de frecuencias está prohibida por el artículo 41 de la ley de medios, uno de los cuatro que la Corte Suprema declaró plenamente constitucionales en 2013.
