El fiscal federal había adelantado que el futuro jefe de Estado tiene que tener «definida su situación jurídica» antes de su asunción, el próximo de 10 de diciembre.
Para Jorge Di Lello no hay pruebas que involucren al presidente electo Mauricio Macri con la causa, al tiempo que hizo el requerimiento al juez federal Sebastián Casanello.
Días atrás, Casanello le envió la causa en vista a Di Lello para que se pronunciara sobre si correspondía elevar a juicio, sobreseer o pedir más pruebas contra Macri, antes de que asuma la Presidencia.
Macri está procesado por una estructura enquistada en el Gobierno porteño contra adversarios políticos y familiares, y fue el único en una lista que no fue enviado a juicio oral.
Cuatro días después de ganar el balotaje, el abogado de Macri, Alejandro Pérez Chada, pidió el sobreseimiento de su cliente. La defensa sostuvo que la producción de prueba que estaba pendiente no había permitido disipar las dudas y por lo tanto, a su criterio, correspondía cerrar la causa en su contra.
La causa empezó en 2009 cuando el familiar de víctimas de la AMIA Sergio Burstein estaba de viaje en Nueva York con la presidenta Cristina Kirchner para participar de una asamblea en la ONU y un agente de la entonces SIDE llamó a su casa del barrio de Almagro y habló con su hija diciéndole que el teléfono de su padre había sido «pinchado».
Según Burstein, el desconocido dijo que había sido por orden del Jorge «Fino» Palacios, entonces jefe de la Policía Metropolitana, a quien el marido de una víctima de la AMIA denunciaba por el desvío de la «pista siria» en el atentado.
