Todo indica que el gobierno, que acusa a los docentes de hacer una huelga “política”, ha asumido este conflicto como una batalla decisiva para la contienda electoral y esto se aprecia en el merchandising “K” que se vende en el Congreso.

Si bien muchos maestros votaron en 2015 por Macri, sus sindicatos responden al kirchnerismo o a la izquierda. A falta de algún logro que mostrar en lo que va de su mandato, con todas las variables de la economía en el subsuelo, el gobierno prefiere eludir el presente y polarizar con lo que considera parte del pasado. Mauricio Macri o Cristina Kirchner. “Nosotros o los sindicatos peronistas”.

La decisión política está tomada. Se piensa imponer a los maestros un ajuste salarial por segundo año consecutivo. Desde las más altas esferas del gobierno, empezando por Macri, se sostiene que “los gremios son parte del problema estructural que atraviesa Argentina en materia de educación”, se pone en duda su representatividad y se les tilda de “extorsionadores”.

Macri reclama debatir “temas de fondo, como la calidad de la educación”. Y se ha valido para ese fin de los resultados de las pruebas Aprender 2016. De acuerdo con estas evaluaciones, muy resistidas por los docentes, más de 50% de los alumnos que terminan la escuela secundaria en Argentina no tiene los conocimientos mínimos en matemáticas y comprensión de textos.

“El gobierno invita a empresarios internacionales de la educación, como Pearson, Microsoft, o el Banco Santander, al tiempo que impulsa una flexibilización pedagógica en la que la educación es un bien transable”, sostiene Adriana Puiggros. “Si la educación es un elemento que se compra y se vende, para las corporaciones se convierte en un mercado infinito. Pero por otro lado necesitan regularlo, disminuyendo la cantidad de docentes, flexibilizando su contratación, regulando la cantidad de alumnos a través de exámenes estandarizados. El gran instrumento son las pruebas estandarizadas como Pisa o Aprender”.