Para la fiscal de Esquel, no se encontraron pruebas de la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, mantiene la causa con la carátula de desaparición forzada.
En un documento que presentó Silvia Ávila en el Ministerio de Justicia para ser enviado a la ONU, dijo que, además, que los mapuches impidieron que se pudiera seguir pistas sobre su paradero.
«No hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza», indicó la funcionaria judicial.
El texto indicaría que las pesquisas en Cushamen estuvieron muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos.
Según la fiscal el 5 de agosto, cuatro días después de la desaparición, se usaron dos prendas, un «cuello» -utilizado por más personas- que entregó el hermano de Santiago, y una gorra, que dio una mujer de la comunidad mapuche para el rastrillaje. Sin embargo, esa medida fue suspendida por pedido de la comunidad mapuche, que alegó que «permitir el paso de los perros hacia el otro lado del río Chubut violentaba un espacio sagrado».
«Respecto al escuadrón 35 de El Bolsón, en sus dependencias se realizó una exhaustiva tarea pericial sobre un camión en el cual se encontraron varios elementos (soga con una supuesta mancha de sangre, pelo, cono de señalización de seguridad) que fueron sometidos a peritaje, a la fecha sin resultados y/o conclusiones», indica el informe.
