El Tribunal Oral Federal 5 ordenó investigar una escucha que se registró en una causa contra una banda de tratantes y la cual vincula al juzgado de Norberto Oyarbide al asegurar que el juez iba a dirigir la investigación «para otro lado».
Se trata de una escucha de mediados de 2012 y en una causa contra una banda de tratantes de talleres clandestinos que recientemente fue condenada a penas de hasta cinco años de prisión.
La escucha llamó la atención de los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Oscar Alberto Hergott, Sergio Adrián Paduczak y Ángel Gabriel Nardiello, que decidieron hacer la denuncia ante el posible delito de acción pública y «en razón de que la misma potencialmente involucra a funcionarios públicos».
La investigación es contra una banda de tratantes que captaban personas en Bolivia, en el caso se acreditó que al menos 32 personas fueron traídas desde ese país a la Argentina, y eran obligada a trabajar en pésimas condiciones en talleres clandestinos que proveían a marcas top, tales como Kosiuko, Siamo Fuori y Motor Oil, entre otras.
En junio de 2012, se registró una comunicación entre un intermediario de las empresas de nombre Emilio y quien sería un abogado, Alejandro, quienes hablaron sobre la investigación que en ese momento estaba en curso.
Emilio le pregunta: «¿Alejandro hay alguna novedad?», a lo que éste le responde: «Tenemos novedades, en el juzgado nos dieron certeza que ustedes no van a estar más ni escuchados, ni nada, que van a tomar para otro lado y nos pidieron tiempo con el tema de la ropa, cuánto tiempo no establecieron pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos que no pasa nada, yo voy a ver si veo a las muchachos al estudio aunque esto paso el día viernes, después que usted me mando las cosas o el jueves no me acuerdo, quiero ver si hoy martes tenemos alguna precisión más y si levantaron el secreto de sumario».
A raíz de la escucha, es que el TOF5 realizó una denuncia para que se investigue si hay algún tipo de conexión de la organización con la banda de tratantes.
En un tramo de la causa, se realizó un juicio abreviado instado por el fiscal Horacio Azzolín para evitar una revictimización, y fueron condenadas 12 personas aunque otras tantas siguen bajo investigación.
