El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en una causa por supuesto encubrimiento de Ibar Esteban Pérez Corradi, el detenido presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez. La cita será para la última semana de agosto.
Lijo también llamó a declarar a Emiliano Rodríguez, un integrante del área jurídica de la AFI durante gestión de Parrilli. La causa se abrió por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, que advirtió que a pesar de que había información sobre el paradero de Pérez Corradi no lo capturaron en Paraguay para proteger, supuestamente, al ex jefe de Gabinete kirchneristaAníbal Fernández.
La denuncia se había presentado contra el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, pero Lijo encontró evidencia que complicó a Parrilli y ordenó su indagatoria.
La causa está bajo secreto de sumario y cuenta con los dichos de un testigo que aportó detalles sobre cómo se llegó a Perez Corradi en Paraguay, cómo se entregó esa información a las autoridades argentinas y lo que ocurrió después. El programa La Cornisa reveló un documento que prueba lo que le dijo el hombre, de apellido Ortiz, a la Justicia en Misiones.
El testigo fue el instalador de los enlaces de internet a Pérez Corradi y su familia y dio datos precisos de donde estaba, con quien vivía y cuántas veces se había mudado para evitar ser capturado.
Por este escándalo, el juez dispuso el viernes la declaración indagatoria a Parrilli y Rodríguez por encubrir a Pérez Corradi yayudarlo a que siguiera prófugo y en libertad, a pesar de que dos fiscales les habían pedido que ordenaran capturarlo si los datos eran ciertos. Por ser funcionarios públicos, Lijo podría condenarlos hasta seis años de prisión por encubrimiento agravado.
El magistrado probó que tanto el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone como el fiscal federal Franco Picardo le mandaron a Parrilli un pedido de colaboración para «establecer el paradero de Pérez Corradi y efectivizar su captura» en agosto del 2015. El exfuncionario designó agentes para cumplir las tareas más de una semana más tarde y corroboró que la información era verdadera a mediados de noviembre. Sin embargo, no elevó el informe a las autoridades judiciales.
