“Lo que más preocupa de Ecuador es la falta de la libertad de expresión. Esto quita la base de otras libertades, como la de libre organización, la de reunión, la de pensamiento; en Ecuador todo el mundo se siente amenazado”, argumentó la antropóloga Elsie Monge hace pocos días durante un encuentro en Bruselas de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos.
“Aunque ha habido avances en campos como la salud y la educación, en cuanto a libertades constatamos un retroceso. Dado que la nueva Ley de Comunicaciones la considera un servicio público, es regulada y controlada por el Estado”, afirma Monge, que ha sido por décadas una figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en América Latina.
En medio de un clima hostil, la autocensura es una de las realidades más alarmantes de la prensa ecuatoriana: las líneas editoriales de los diarios se doblegan ante el efecto disuasivo de los procesos penales que los amenazan a la mínima crítica. Desde luego, se aplica la autocensura, según se afirma en un informe de RSF, emitido a un año de la entrada en vigor de la ley de comunicaciones.
“La ley de comunicación lamentablemente confunde la regulación que debe existir desde el Estado con la intervención en el campo de acción de los medios de comunicación. Eso es peligroso pues, dependiendo de la estructura del diseño institucional, podría servir para que se manipule a la prensa por diversas vías”, confirma a DW Santiago Basabe-Serrano, profesor titular de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
“En Ecuador, junto a la ley se crearon otras instancias de control que se encuentran administradas por personas cercanas al gobierno. Así, la ley sumada a estas otras instancias, como la superintendencia de comunicación ahora mismo se han encargado no sólo de perseguir a los opositores al gobierno sino además de generar auto censura de la gente”, puntualiza el investigador.
