El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, fue procesado hoy con prisión preventiva como presunto organizador de una asociación ilícita integrada por otros efectivos de la comisaría 35 que exigían dinero a comerciantes de los barrios porteños de Nuñez y Saavedra a cambio de brindarles “protección”.

La medida fue dictada por el juez de instrucción Ricardo Farías, a pedido del fiscal José María Campagnoli, e incluyó un embargo de 450.000 sobre los bienes del imputado.

Con esta resolución, son seis los efectivos procesados en el marco del expediente, uno de los cuales fue excarcelado tras colaborar con la investigación, y el ex jefe de esa dependencia, Norberto Villareal, se encuentra prófugo.

El abogado de Potocar, Cristian Poletti, dijo a Télam que apelará la resolución porque “no hay ninguna prueba” contra su defendido y afirmó que “la Cámara no va a mantener este fallo, donde le creen a los imputados y no a los testigos”.

Incluso, mañana se realizará una audiencia ante la sala VII del tribunal, la cual debe resolver acerca del pedido de excarcelación del suspendido jefe de Policía.

En la resolución de Farías, a la que accedió Télam, el juez explicó cómo funcionaba el sistema de recaudación ilegal y señaló que los imputados de menor rango respondían a las órdenes de Villarreal y obtenían dinero de los “trapitos” para dejarlos trabajar y de comerciantes y empresarios para darles “seguridad”.

En los jerarquías más altas de la estructura criminal, ubicó al subcomisario Stefanetti, procesado pero en libertad, y a la ex jefa de la Circunscripción VII, Susana Aveni, una de las detenidas en la causa.

“En cuanto a la vinculación de Potocar con la organización diré que aquel es el jefe y tanto Villarreal como sus restantes subordinados ya aludidos los encargados de recaudar”, afirmó Farías.

Sobre la distribución de las presuntas coimas, el magistrado indicó que “personal de la brigada (de la seccional) recaudaba el dinero, se lo llevaba a Villarreal y éste asumía idéntica actitud con la jefa de su circunscripción, que no es más que Aveni, para finalmente llevárselo a José Pedro Potocar, quien era el director de la Dirección General de Comisarias”.

Según el juez, esto se encuentra corroborado -con la provisoriedad requerida para esta etapa- con los recuadros esbozados por el comisario Villarreal en el cuaderno secuestrado del interior de su oficina, los cuales ilustran la manera en que se distribuía el dinero.

Allí está la sigla “DGC”, que para el juez responde sin dudas a la Dirección General de Comisarías, cuya jefatura estaba a cargo de Potocar para la época en que se cometieron los ilícitos.

Dijo que esto debe valorarse en conjunto con la declaración de un testigo acerca de estas anotaciones y con los descargos de los subcomisarios imputados, que actualmente gozan de falta de mérito por haber colaborado con la pesquisa.

“El pago que Potocar recibía en forma periódica a instancias de Villarreal se encontraba motivado tanto en su capacidad de superintendencia sobre la comisaría que este último comandaba, como en la necesidad de asegurar su complicidad en tanto resultaba un requisito ineludible para lograr el normal desenvolvimiento de este sistema de recaudación”, remarcó el juez.

Al respecto, recordó que dos testigos declararon que el dinero era llevado a la DCG “a cambio de lograr estabilidad en el cargo y procurar su impunidad”.

En tanto, los subcomisarios afirmaron que “Aveni y Potocar lo presionaban a Villarreal para que entregara más dinero”, por lo que para el juez “las espurias actividades desarrolladas por los efectivos afectados, en modo alguno pudieron haber escapado a su conocimiento”.

Para mantener en prisión a Potocar, el juez tuvo en cuenta la gravedad del delito (asociación ilícita) y que el imputado podría fugarse e incluso entorpecer la investigación pese a estar suspendido en sus funciones.

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el año pasado en el ministerio de Seguridad, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35 a partir de la llegada de Villareal en enero de 2016.

Luego, se allanaron la comisaría y los comercios afectados, donde se hallaron comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.