A modo de réplica por el proyecto para la despenalización del aborto, ingresó en la Cámara de Diputados una iniciativa con 15 firmas que busca el efecto contrario: neutralizar cualquier intento de legalizar la interrupción voluntaria de embarazos no deseados.

La contraofensiva llegó a escasas horas de la presentación a sala llena del proyecto de la “Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, que concitó una enorme expectativa y que tuvo una abundante repercusión en la opinión pública.

El “contraproyecto” es encabezado por el democristiano del interbloque Argentina Federal, Juan Brügge, y apunta a resguardar el “derecho a la vida” del “niño por nacer”.

La “Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer” reúne firmas de distintas bancadas y consta de 19 artículos.

El artículo 1 define “niño por nacer” como “todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”.

Además, aclara que “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros”.

“El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna”, fundamenta el proyecto en el artículo 3.

La única kirchnerista que suscribió el proyecto es la santafesina Silvina Frana, en tanto que por el PRO firmaron la mendocina Stella Maris Huczak, el porteño Jorge Enríquez, el fueguino Carlos Roma y la riojana Karina Molina (Pro).

También acompañan con su firma Vanesa Massetani (Frente Renovador), Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Graciela Caselles (Partido Bloquista), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), Graciela Navarro (Frente Cívico), José “Mellizo” Orellana (Primero Tucumán) y Carla Pitiot (Frente Renovador).

A fin de contrarrestar parcialmente los argumentos de índole económica (la imposibilidad de mujeres pobres de acceder a abortos en condiciones seguras) que los pro-abortistas esgrimen para defender la necesidad de legalizar el aborto, el “contraproyecto” le otorga a la mujer que fuera víctima de una violación una asignación equivalente a un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), durante todo el período de gestación.

Si la mujer luego decidiera hacerse cargo de la crianza, continuaría percibiendo dicha suma hasta que el niño cumpliera los 18 años.

Si, en cambio, la decisión fuera poner en adopción al niño, la compensación económica le correspondería a la familia sustituta.

Para embarazos no deseados que no fueran producto de una violación, el proyecto contempla la creación de una “Asignación Universal por Hijo por Nacer”, una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual equivalente a la AUH, que se le reconocería a la mujer durante todo el embarazo, en la medida en que “no estuviera empleada, emancipada” o que fuera beneficiaria de algún plan social.

El artículo 7 abreva en la cuestión de las responsabilidades al indicar que se considerará violencia contra la mujer” toda “interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.