Se cumplen hoy cinco meses de la desaparición del ARA San Juan, sin rastros de la ubicación del submarino y sus 44 tripulantes, y con cada vez más interrogantes sobre qué fue lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables penales y políticos de la tragedia.

Algunas de esas preguntas deberá responder mañana el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el caso. Los senadores y diputados se centrarán en por qué el navío salió a su misión si no estaba, según propios informes de la Armada, en condiciones para hacerlo. “Cuál era su verdadera misión” también será parte de las preguntas. Sin ayuda internacional a esta altura, con un sólo buque argentino de forma intermitente en la zona de búsqueda –y días sin búsqueda alguna–, el gobierno contrataría una empresa privada para intentar hallar al San Juan. Podría anunciarlo el ministro en el Congreso.

Aguad irá al Senado mañana a las 15. La comisión bicameral, integrada por seis diputados y seis senadores de distintos bloques, entró en funciones hace un mes. En paralelo a la jueza Federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez –a cargo de la causa por la desaparición del submarino–, la bicameral busca fundamentalmente servir de asistencia a los familiares y, con capacidad para tomar declaraciones y ordenar peritajes y estudios, dilucidar las responsabilidades políticas: deberá emitir un informe final dentro del año desde su puesta en funciones. Las preguntas que le esperan al ministro se explican por los datos que se fueron filtrando de la Justicia y la Armada en los últimos cinco meses.

La tragedia no tardó en generar una interna en la Armada. Cumplido el primer mes de la desaparición del submarino, Aguad pidió el pase a retiro del jefe de la fuerza, el almirante Marcelo Srur, quien había tenido días antes conflictos con sus subalternos. Había separado al jefe de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis López Mazzeo, y al jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. Eso provocó denuncias de caza de brujas y renuncias en mandos jerárquicos. Las razones de Srur se conocieron más tarde: en el sumario que les abrió a Mazzeo y Villamide, el almirante –que al principio de la crisis informó a Aguad que el submarino “había salido en condiciones”– los acusó de “arriesgar la tropa” y de “negligencia” por haber permitido que el San Juan saliera cuando “no estaba en condiciones”. Forma parte del expediente que instruye Yáñez.

El San Juan partió el 13 de noviembre de Ushuaia con destino a Mar del Plata y desapareció luego de informar un ingreso de agua a las baterías y principio de incendio. Pero en “el viaje de ida”, de Mar del Plata a Ushuaia, el submarino ya había tenido una decena de problemas técnicos que quedaron registrados en un informe de julio del 2017: además del mismo ingreso de agua, entre otros problemas, también falló el sistema de propulsión. La jueza Yáñez detalló luego que las auditorías de la Marina indican que el ARA San Juan “no estaba a norma”. En Caleta Olivia, Mazzeo y Villamide aseguraron que las fallas habían sido reparadas y recordaron un informe posterior firmado en septiembre por el desaparecido comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, quien certificó que el buque estaba en condiciones de navegabilidad. Aguad definiría esta semana si anula o confirma el sumario a ambos militares.

Por su parte, Srur declaró en la semana ante Yáñez. Dijo no arrepentirse de desplazar a Mazzeo y Villamide, confirmó que el submarino “no estaba en condiciones de navegar” y que le “ocultaron la misión que llevaba”.

Respecto a cuál fue la misión del San Juan, Marcos Peña dio una respuesta en su paso por Diputados en marzo: afirmó que el objetivo primario del submarino era la localización de naves no militares que estuvieran ilegalmente en la zona, pero reconoció que tenía “como objetivo secundario” identificar buques y aeronaves que operan desde las Malvinas, para verificar el cumplimento de los convenios suscriptos con Londres. Las preguntas apuntarían ahora a establecer si, con esta misión, se rompió algún tratado internacional con Gran Bretaña, y si el submarino siguió su curso oficial o ingresó en aguas controladas por los británicos. La hipótesis de que el San Juan pudo ser destruido por un ataque extranjero no fue descartada ni por la jueza ni por los familiares, pero está muy lejos de ser la hipótesis principal.

Mientras tanto, poco se busca el submarino. EE. UU. abandonó la tarea en diciembre, Rusia retiró el submarino Pantera Plus hace una semana y ya no participa ninguno de los 19 países que colaboraron, de forma inédita, con el rastrillaje. El destructor La Argentina es la única embarcación en la zona. La bicameral, por pedido de la senadora rionegrina Magdalena Odarda, solicitó que sume el buque oceanográfico Angelescu. Por impulso de los familiares, la Comisión también solicitó al ministro que contrate una empresa privada con equipo sumergible para la búsqueda. Suena fuerte la firma SEA, propiedad del venezolano Hugo Marino, que cobraría u$s 3,8 millones. El gobierno podría desactivar la recompensa de $ 98 millones, y realizar la contratación directa. Entre los legisladores y familiares se rumoreaba que Aguad lo anunciaría mañana. Desde el Ejecutivo aún no lo confirman.