El presidente brasileño, Michel Temer, ganó tiempo en el juicio que podría terminar con su presidencia por ilegalidades en la campaña 2014, luego de que la corte electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos.

Sin fecha definida para ser reiniciado, este proceso con potencial para arrastrar al país a otro ciclo de inestabilidad política, empezó según lo esperado: plagado de obstáculos y recursos para dilatarlo.

La noticia de la postergación de una eventual sentencia, que en la teoría podía efectivizarse este mismo jueves, era largamente esperada.

“El tribunal aceptó los testimonios requeridos por la defensa (…) y el plazo de cinco días para los alegatos finales después de los testimonios”, dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes.

El voto final de este nuevo y explosivo capítulo en la crisis brasileña podría conocerse en 48 horas, pero el pleito deberá recorrer un camino plagado de obstáculos antes de llegar a un desenlace ya que existen numerosos recursos que podrían dejarlo en suspenso o demorarlo.

“Si hubiese perdido de vista (…), correríamos riesgos de que se consuman semanas y hasta meses”, dijo el juez que tramita el caso, Herman Benjamin, en referencia a una de las herramientas que podrían estirar el proceso, que tiene casi 8.000 páginas. “La elección de 2014 será la más larga de la historia”, ironizó.

A un año y siete meses de las próximas elecciones, Temer responde por una denuncia de abusos económicos y políticos perpetrados por la fórmula en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria de izquierda Dilma Rousseff (2011-2016), destituida el año pasado por maquillaje de las cuentas públicas.

Con el Congreso y los mercados a favor de Temer para impulsar su programa de ajustes, el gobierno aspira a dilatar el proceso y acercarlo lo más posible a las elecciones de octubre de 2018.

El juicio ante el máximo tribunal electoral se produce cuando aún no cicatrizan las heridas del impeachment que segó un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder, mientras el nuevo gobierno conservador es bombardeado por denuncias de corrupción del fraude a Petrobras.

La denuncia, irónicamente, fue presentada por el partido PSDB, derrotado en el balotaje de 2014 y hoy estrecho aliado de Temer.

Según la acusación, Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), financiaron su campaña con dinero desviado de la estatal Petrobras, violaron los límites de gasto permitidos y abusaron de la maquinaria estatal para ser reelegidos.

El caso vincula los sobornos en Petrobras y el escándalo de la constructora Odebrecht con el financiamiento de la campaña.

La acción judicial, presentada cuando Rousseff y Temer eran aliados, siguió avanzando en el TSE, pero perdió interés político para el PSDB, que en los alegatos finales presentados recientemente pidió eximir al actual mandatario de cualquier responsabilidad.