Endurecidos por los años de conflicto, el gobierno de Venezuela y la oposición parecen no ver ninguna ironía en el hecho de que, por un lado, están manteniendo conversaciones de paz mediadas por el Vaticano y, por el otro, están a punto de chocar esta semana en una batalla callejera en la que podría correr sangre.

Haber recurrido primero al Papa –quien propuso supervisar las negociaciones entre la administración del presidente Nicolás Maduro y la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD)– ha sido una medida bien intencionada pero lo más probable es que no sea fructífera.

En su visita a Roma la semana pasada, Maduro estaba contento de aceptar esa oferta porque ya había suspendido un referendo constitucionalmente legal diseñado para removerlo del cargo en la mitad de su mandato, algo que enardeció a la oposición. El presidente tiene la esperanza de que las conversaciones, que comenzaron el final de semana, mantengan a sus críticos fuera de las calles o, si eso no sucede, al menos le permitan ganar algo de tiempo.

Por supuesto, la MUD es conciente de eso pero no puede rechazar la propuesta papal de diálogo teniendo en cuenta que Venezuela todavía es un país profundamente católico. Pero al igual que el presidente, sus líderes en realidad no están interesados en sellar un compromiso.

Y habiendo aprendido a desconfiar del gobierno, la oposición simultáneamente anunció una marcha masiva para este jueves en protesta por la suspensión del revocatorio.

Además, también está censurando a Maduro en la Asamblea Nacional por negligencia en el cumplimiento de la función pública, un gesto simbólico dado que, a diferencia de Brasil, el Congreso no tiene la facultad de destituir por juicio político al presidente.

Sin embargo, la marcha del jueves podría ser significativa y volverse violenta, dado que el gobierno está amenazando con convocar a sus propios seguidores. Y eso, según Medley Global Advisors, un servicio de investigación macro propiedad de FT, refleja el verdadero cambio que se está produciendo en Venezuela en las últimas semanas: el chavismo gobernante, que hace tiempo es una coalición dividida e inestable, parece estar uniéndose detrás de Maduro.

Es revelador que todas las figuras militares clave del país (que tienen gran parte del poder real) hayan hecho extrañas apariciones en televisión junto al ministro de Defensa, Padrino Lopéz, la semana pasada, prometiendo su apoyo y lealtad a Maduro.

Esto sugiere que podría haber ganado respaldo para aplicar mano dura autoritaria a gran escala, lo que podría incluso empezar esta semana. Aunque no suceda, parece evaporarse la idea de que un inminente referendo revocatorio llevaría a los chavistas a reemplazar a su inestable presidente desde adentro, o (aún mejor) permitir una transición pacífica a un gobierno de la oposición. Y ésa había sido la premisa sobre la cual muchos fondos internacionales han invertido en el país.

Mientras tanto, la vida de los ciudadanos comunes no deja de empeorar –por la escasez de artículos de primera necesidad, la galopante inflación y la escalada de la violencia. El FMI estima que el PBI se redujo un 10% este año.

No cesa la amenaza de default sobre las obligaciones externas venezolanas cercanas a los u$s 100.000 millones. El reciente canje de deuda que hizo la petrolera estatal PDVSA le permitirá ahorrar casi u$s 2000 millones en pagos de capital e intereses el año próximo, pero no alcanza para aliviar la posterior contracción de liquidez.

Con un servicio de la deuda por u$s 3500 millones que vence este mes y el próximo, y un monto similar para abril y mayo, la compañía se ve obligada a reducir no sólo su gasto de capital sino también el operativo. Eso explica porqué las exportaciones de petróleo nacional están cayendo pese a la reciente recuperación de los precios.

Dada la rapidez con la que está cambiando la política, vale la pena repetir la advertencia de que esto seguirá siendo un camino con obstáculos.