El Gobierno pidió el lunes pasado a las cámaras de bancos, propietarias de las tarjetas de crédito, que para los próximos meses amplíen el plazo de las financiaciones llamadas «Ahora 12» de las 12 cuotas a las 18 o a las 24, y trasmitió que conversa con algunos sectores para ampliar el universo de productos y servicios que están incluidos.
La propuesta es una ambición del secretario de Comercio, Miguel Braun, que podría incluirse dentro de un acuerdo más integral con las administradoras de las tarjetas. En esa mesa se discute también el proyecto de ley que redactó la misma secretaría para reducir la comisión que le cobran a los comercios, y que prevé dotar al Banco Central de mayor injerencia.
El gobierno espera además que comience a sentirse en la economía el efecto del blanqueo en inmuebles y bienes durables. Se prevé que una buena parte del ingreso de dólares en efectivo al sistema, que se registró en estos días por el sinceramiento fiscal, tendrá como destino la compra de inmuebles y bienes durables (autos). El consumo en estos dos conceptos es un mecanismo que está contemplado por la ley, para aquellos que prefieran no tener inmovilizado el dinero en una caja de ahorro bancaria.
Más líneas de crédito a pyme: al 17% anual, pero a corto plazo. Desde el martes pasado, los bancos debieron reducir del 22% al 17% la tasa de las líneas que destinan a empresas por normativa del Central. Y deberán ampliar el monto, en 2017, del 15% al 18% del tamaño de sus depósitos. Esto es, en total, $183.000 millones sólo en seis meses. Como concesión se contemplará que computen entre estas líneas los descuentos de cheques a 12 meses. Este dato no es menor: significa que el financiamiento recaerá principalmente sobre el capital de trabajo (y no sobre la inversión de largo plazo), y tendrá un efecto inmediato en la actividad.
También confían en el efecto positivo en el consumo del pago de sentencias a jubilados. La denominada reparación histórica que puso en marcha el Gobierno para pagar de manera retroactiva los haberes no reconocidos durante la gestión anterior a un tercio de los jubilados (2,4 millones), forzará al Estado a desembolsar unos $20.000 millones sólo en 2016 (según las estimaciones originales). El plan tendrá un efecto real y casi pleno en la economía porque surge de un ingreso de capitales genuino (del blanqueo) y recae sobre un sector con alta propensión a consumir.
Más bonos de fin de año. El Gobierno ya prometió un bono de $1.000 para los 4,5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo y para cada una de las 2,1 millones de familias que cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH). El costo fiscal de la medida alcanzará los $5.000 millones y tendrá todo su impacto en diciembre.
Exención de ganancias sobre aguinaldo. Ya se anunció que la AFIP no cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los aguinaldos de los 800.000 trabajadores que ganan menos de $55.000 mensuales (en bruto). Esto permitirá a los beneficiarios volcar al consumo de todo tipo de bienes, y especialmente durante las fiestas, $2.500 millones adicionales sobre la actividad.
