Alto funcionario de AFIP complica a Báez y López

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La premisa era clara en la AFIP: cubrir las huellas de los empresarios kirchneristas a como diera lugar. Esto implicó cambios en las normas internas del organismo recaudador, resoluciones especiales y hasta la sanción de una ley de blanqueo de capitales para tratar de disimilar y justificar el exorbitante crecimiento patrimonial de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Así lo declaró ante el juez de «la ruta del dinero K» un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue desplazado de su cargo jerárquico durante el kirchnerismo por poner la lupa sobre Báez. En un escrito de 95 páginas, Jaime Mecikovsky contó en detalle las operatorias de blindaje en la era Ricardo Echegaray y hasta aportó pruebas como mails, memorandos y resoluciones internas de la AFIP hechas a medidas de los empresarios patagónicos.

Cuáles son los nombres que incluyó en la maniobra el «sabueso» de la AFIP: la expresidenta Cristina Kirchner -siempre nombrada como «la Señora» en los mails-, el extitular del organismo Ricardo Echegaray, el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.

En las casi 100 páginas, Mecikovsky describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros funcionarios de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP. «Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez», afirmó Mecikovsky en su declaración testimonial, a la que accedió el matutino porteño.

Los datos aportados por el funcionario sirven para otras investigaciones, entre ellas, la que lleva adelante el juez Julián Ercolini sobre la actuación de Ricardo Echegaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), mientras López acumulaba impuestos impagos por unos $ 8000 millones.