Arde Barcelona y acusan a los manifestantes de sedición

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado un presunto delito de sedición en los disturbios que se produjeron en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, durante la operación policial Anubis, en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo «para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional», según consta en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en la mañana de este viernes.

«Una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales», advierte el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, firmante de la denuncia, que señala al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al presidente de la asociación Omnium Cultural, Jordi Cuixart, como instigadores de los hechos denunciados.

El Ministerio Fiscal presentó una denuncia en la mañana de este viernes con el objeto de abrir un procedimiento en la Audiencia e identificar a las personas que provocaron los destrozos en los vehículos de la Guardia Civil que permanecieron aparcados a las puertas de los departamentos del Govern mientras los agentes registraban las dependencias.

En concreto, en el caso de la Consejería de Economía catalana. A esto se suma también la situación de inseguridad que vivieron los agentes y la secretaria judicial que se encontraban en el interior del edificio mientras cientos de ciudadanos empezaron a protestar en el exterior, impidiendo la salida de los agentes.

El delito de sedición está contemplado en el artículo 544 del Código Penal. Según su textualidad, «son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».Este delito contempla penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores y de hasta 15 años si fueran personas con autoridad.