La resolución 263 del ministerio de Planificación y la secretaría de Energía y otras que las acompañan, publicadas hoy en el Boletín Oficial, formalizan el que puede ser el último de los parches energéticos del gobierno. Para no aumentar las tarifas hogareñas por segundo año consecutivo, se destinarán $2.590 millones de «asistencia económica transitoria» a las ocho distribuidoras de gas para cubrir sus rojos financieros y los mayores costos por la inflación.

Sin embargo, en paralelo, se autoriza un incremento de tarifas en el segmento de transporte a partir del 1 de mayo que tendrá un impacto en la tarifa final de los usuarios hogareños de hasta 5 por ciento.

Según la normativa, los fondos públicos se destinarán para «solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio del servicio de distribución de gas por redes».