El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió abrir una investigación en contra del vicepresidente, Amado Boudou, por supuestas irregularidades en un plan de viviendas en el Partido de la Costa.
Se trata de una denuncia hecha por el concejal del Municipio de la Costa Marcos Alfredo García, quien además acusó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; a Boudou, y al ex intendente Juan de Jesús.
La acusación se explicó que la obra fue adjudicada a la empresa Cantera FC S.A, que debía finalizar la construcción en 2006, y que a pesar de haberse pagado en 2007 dos tercios del total, las dos escuelas y más de la mitad de las casas no habían sido terminadas. La empresa había entrado en convocatoria de acreedores.
El denunciante dijo que Cantera «habría suscripto un convenio con la Municipalidad de la Costa en virtud de la cual la última le habría pagado sumas de dinero a pesar de los incumplimientos en la obra pública referida».
Por aquel entonces Boudou era el secretario de Hacienda del Municipio de la Costa. El denunciante aseguró que «hay que investigar por qué se pagó en su momento a Cantera y por qué se vuelve a pagar». «Hay que investigar consiguientemente a Amado Boudou y al actual intendente del Municipio de la Costa, Juan Pablo de Jesús, por querer pagar ahora un monto de deuda que él mismo, dijo que no se podía pagar porque la obra no se hizo cuando contestó la demanda del Banco Hipotecario», continuó.
El fiscal abrió la investigación e imputó a De Jesús y a Boudou por lo actuado en el Municipio de la Costa. Y a De Vido porque los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Pollicita firmó el requerimiento de instrucción para que el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, realice varias medidas de prueba.
El fiscal pidió -según fuentes judiciales- que sea citado el concejal García -que ha tenido algunos problemas judiciales- para que aporte más datos sobre el caso. También solicitó que Lijo pida información sobre la constitución y el movimiento societario de Cantera. Y además que se realice una inspección ocular en el lugar donde se construyeron a medias las viviendas y en las escuelas ubicadas en San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó.
Pollicita pidió que, en el caso de existir algún estudio sobre las viviendas, la Auditoría General de la Nación lo envíe al juzgado de Lijo. Otras medidas de prueba -que no trascendieron- fueron solicitadas por el fiscal, que de esta manera abrió una nueva investigación judicial en la que está imputado el vicepresidente de la Nación.
