La fiscalía brasileña pidió el arresto de los jefes del Senado y de Diputados, un ex presidente y un ex ministro, todos ligados al presidente Michel Temer, en una nueva escalada del caso Petrobras que asedia al gobierno interino a menos de un mes de su asunción. El diario O Globo informó ayer que la fiscalía solicitó a la Corte Suprema encarcelar a Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial, y al senador Romero Jucá, ex ministro de Planificación de Temer que renunció en mayo tras ser acusado de obstaculizar la investigación en la petrolera.
El procurador general pidió asimismo prisión domiciliaria para el ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años, y que se le coloque una tobillera electrónica. Los tres «fueron grabados intentando interferir en las investigaciones de Lava Jato», publicó O Globo, en referencia al nombre con el que se conoce la investigación para develar el escándalo que drenó miles de millones de dólares de Petrobras hacia partidos políticos. También fue cursado un pedido para arrestar a Eduardo Cunha, jefe de los Diputados cuyo mandato fue suspendido por obstaculizar el proceso de investigación pero que siguió «interfiriendo en el comando de la Cámara», según detalló el periódico.
Folha de Sao Paulo y Estadao también citaron a O Globo en base a una fuente sin identificar y precisaron que habían ratificado los datos por su lado. Ni la fiscalía ni la Corte confirmaron los pedidos de prisión ligados a una causa que amenaza con implosionar al sistema político brasileño y a la que muchos comparan con el proceso «Manos Limpias» que tuvo lugar en Italia.
Gobernabilidad en jaque. Las potenciales detenciones de estos cuatro políticos cercanos al presidente son una amenaza para el gobierno, que a un mes de haber llegado al poder aún lucha por estabilizarse en medio de cuestionamientos a su falta de legitimidad, escasa popularidad y sospechas de corrupción. Calheiros, Cunha, Sarney y Jucá integran la cúpula del partido de centro PMDB, que condujo Temer hasta poco antes de asumir la jefatura de Estado tras la suspensión de Dilma Rousseff. La mandataria es sometida a un juicio político en el Senado, acusada de manipular las cuentas públicas, después de haber visto como su gobierno también era regado de acusaciones por la corrupción en Petrobras. El veredicto final está previsto para mediados de agosto, en plenos Juegos Olímpicos de Río-2016.
Calheiros divulgó ayer una nota donde asegura «que no practicó ningún acto concreto que pueda ser interpretado como una supuesta tentativa de obstruir la Justicia» y calificó su pedido de arresto de «irracional, desproporcionado y abusivo». Jucá, otro de los grandes articuladores de Temer, que tuvo un rol clave en la salida de Rousseff, también criticó el informe. La noticia también repercutió en la Cámara baja, donde el Consejo de Etica debate la eventual destitución de Cunha, figura clave en el impulso del impeachment y némesis de Rousseff, por haber ocultado cuentas en Suiza abastecidas con dinero negro de Petrobras. «Temer perdió la vergüenza, el país está manchado», disparó el diputado Ze Geraldo, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, en medio de fuertes cruces entre opositores y oficialistas recalentado por los reportes de prensa.
Confesiones. La solicitud del fiscal general Rodrigo Janot se basa en audios de conversaciones telefónicas tomados secretamente por Sergio Machado, ex presidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras. Machado grabó a los caciques del PMDB para documentar su confesión y colaborar así con la Justicia a cambio de una reducción en su eventual condena. Tras conocerse los primeros pasajes de las conversaciones, Jucá debió renunciar. A la semana siguiente cayó el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también grabado criticando la operación Lava Jato. Las llamadas «delaciones premiadas» han sido la base de la gigantesca investigación del caso Petrobras, que ocasionó más de u$s2.000 millones en pérdidas a la empresa que era el símbolo del futuro en Brasil.
