En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se tratará un proyecto de ley para otorgarle a parte de la policía y las fiscalías locales la potestad de clausurar o suspender tanto sitios webs como aplicaciones. Diversas organizaciones alegan una incompatibilidad de la medida con el derecho a la libre expresión.

Durante la jornada del 1 de septiembre se tratará el Proyecto de Ley 2298-D-2016 en la legislatura porteña . Firmado por el Daniel Presti (perteneciente al PRO) y Claudio Palmeyro (Sindical Peronista),el escrito propone darle un marco legal al bloqueo de internet.

Es una modificación al Artículo 18 del Capítulo IV «Prevención», de la Ley N12 del procedimiento contravencional. Otorga la potestad de decisión tanto las autoridades preventoras como él o la Fiscal local.

“En caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información internet o cualquier otro medio de comunicación, se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de internet bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta”, versa el escrito.

Sin embargo, no enuncia el modo específico de acción. Esto implica que podría bloquearse al responsable de llevar a cabo la contravención o bien que podría solicitar a las telecomunicadoras el impedimento del acceso de los usuarios a un sitio o aplicación en particular.

“No podemos dejar de advertirle a la sociedad el enorme peligro que esto representa”, aseguraron diversas organizaciones civiles y académicas a través de una carta pública.

Y agregaron: “El motivo de nuestra preocupación radica en que el proyecto adolece de flagrantes vicios por ser contrario a la Constitución Nacional y a los Pactos de Derechos Humanos de rango constitucional, además de ser de imposible cumplimiento técnico”.

Entre los firmantes se encontraron Access Now, Centro de Tecnología y Sociedad – Universidad de San Andrés, el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (Universidad de Palermo), la Fundación Vía Libre y el letrado Martín Becerra.