Catalanes realizaron voto simbólico independentista

Casi dos millones de ciudadanos participaron este domingo en una consulta alternativa sobre la eventual independencia de la región autónoma de Cataluña (noreste de España), en abierto desafío a las autoridades españolas que la declararon ilegal y sin garantías democráticas.

Según los datos facilitados por el gobierno catalán, promotor de la consulta, más de 1,9 millones de personas, de un censo estimado de 5,4 millones, habían acudido hasta las 18.00 (hora local) a los puntos de votación que fueron habilitados por las entidades convocantes -partidos y organizaciones ciudadanas favorables a la independencia-.

El presidente regional de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, celebró que la simbólica votación de este domingo sobre la independencia fue «un éxito total» con «claramente más de dos millones de personas» participando pese al veto impuesto por Madrid».

El Gobierno español dejó claro que no da ninguna validez a las cifras proporcionadas por la Generalitat (gobierno autónomo catalán), dado que la consulta carece de «mecanismos de control» como un censo previo o una junta electoral que vele por la limpieza del proceso, según dijeron a Efe fuentes del Ejecutivo central.
A los participantes en la votación, mayores de 16 años con residencia acreditada en Cataluña, se les planteaba hoy una doble pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y, en caso afirmativo, «¿Quiere que sea un Estado independiente?».

La votación tiene lugar pese a que el Tribunal Constitucional español suspendió, primero, el plan de la Generalitat catalana de celebrar un referéndum de autodeterminación y, poco después, también la fórmula de una consulta alternativa con las mismas preguntas.

Para esquivar la prohibición, las autoridades rebautizaron la consulta como «proceso participativo» y confiaron su ejecución a millares de voluntarios que hoy se distribuyeron por 1.317 puntos de votación en todo el territorio catalán.
Aunque las urnas no han sido finalmente retiradas, la justicia investiga si el gobierno catalán ha incurrido en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de dinero público.