La presidenta chilena Michelle Bachelet celebró la aprobación en el Parlamento de la esperada ley de gratuidad de la universidad pública, que rompe después de cuatro décadas con el controvertido modelo de enseñanza que heredó de la dictadura y que se basaba en las rígidas leyes del mercado.

En esta primera instancia favorecerá a unos 178.000 estudiantes de escasos recursos, un 27,5 por ciento de todos los universitarios del país, que podrán ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinados institutos privados que cumplan con algunos requisitos, como no tener fines de lucro, entre otras obligaciones.

De acuerdo el compromiso asumido por el gobierno, éste es sólo un paso inicial ya que el proceso total culminará en 2020 con la gratuidad universal de la educación superior. En el 2018, cuando finalice el mandato de Bachelet, se espera que el 70 por ciento de los estudiantes de hogares con pocos recursos puedan estudiar sin pagar.

La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes chilenos, así como de docentes y padres, que encabezaron desde 2011 las multitudinarias protestas estudiantiles para exigir una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.