Compra irregular de helicópteros: Garré y Alak en la mira

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La justicia federal busca más pruebas para llamar a indagatoria a los ex ministros kirchneristas Julio Alak y Nilda Garré por la compra irregular de helicópteros destinados a Gendarmería.

La imputación la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan por «defraudación contra la administración pública». En el requerimiento del fiscal al juez Daniel Rafecas también se apunta contra el empresario Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT Argentina. La denuncia surgió por una nota de LPO.

De acuerdo a una denuncia presentada por la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Ratazzi y dos socios -Julio de Marco y Claudio San Pedro- se presentaron a una licitación en 2010 para proveer de cuatro helicópteros a la Gendarmería, cuando Alak era ministro de Justicia. El empresario ítalo-argentino y sus dos colegas integran el directorio de la firma «Flight Express».

Según consta en la denuncia de la organización no gubernamental, con sede en la capital federal, de los cuatro helicópteros comprometidos en esa licitación -que este grupo empresario ganó por ser único oferente- sólo llegaron dos a su destino, uno de ellos en malas condiciones operativas. «Las pruebas que aportamos son precisas», dijo Fernando Miguez, titular de la ONG denunciante, al diario El Día de La Plata.

«Las pruebas están. Nos llevó un año la investigación», remarcó Miguez, quien en la misma línea sostuvo que «Ratazzi y sus socios armaron esa maniobra, pero Alak y Garré sabían», lo cual lo llevó a denunciar tanto al empresario como a los ex ministros kirchneristas. En la presentación, también incluyó a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su jefe de gabinete Pablo Noceti.

En este marco, Miguez sostuvo que tanto Bullrich como Noceti promovieron una licitación que ganó el mismo grupo empresario «pese a que tenían conocimiento de lo que había sucedido» durante el gobierno anterior. «Para nosotros, la corrupción tiene una trazabilidad que está por encima de la grieta», dijo el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático a este diario.

La causa se encuentra ahora bajo secreto de sumario, pero trascendió que en la misma denuncia se requirió al juez Rafecas la detención de Ratazzi por su «capacidad para obstaculizar la investigación debido a su poder económico y financiero». Y también se solicitó el embargo de las cuentas de los ex y actuales funcionarios denunciados, incluidos Alak, Garré y Patricia Bullrich.

En la denuncia se indicó además que los empresarios realizaron otra defraudación al Estado, al vender dos helicópteros armados con partes de otras naves -una de ellas siniestrada en Estados Unidos-, por un monto de un millón doscientos mil dólares, cuando su precio real no superaba los 800 mil.