El derrame se produjo el día 8 y recién fue notificado el 14, según confirman autoridades provinciales. La medida de suspender la actividad en el yacimiento, debió haberse tomado antes», denunciaron.
El nuevo derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero que opera la firma canadiense Barrick Gold en San Juan generó múltiples críticas por el tiempo en que se demoró la comunicación del incidente y por la falta de controles, al tiempo que se reclamó el cierre definitivo de la mina y se anunció un pedido de informes al ministro de ambiente Sergio Bergman.
Ante lo sucedido, Bergman destacó: «La ley es muy clara. Nosotros tenemos que hacerla cumplir», y señaló: «Hay que actuar y en eso estamos ocupados ni bien nos enteramos del incidente hemos tomado la decisión de acudir al lugar para obtener información, relevar incluso si se cumplieron los protocolos del caso en base a los informes que hizo la empresa, y poder actuar en consecuencia».
Por su parte, el diputado del PRO Eduardo Cáceres, destacó que «el tema central es la falta de información que hubo de parte del gobierno provincial, porque la empresa informa (sobre el derrame) el 8 de septiembre pero nos enteramos por un comunicado de la empresa el 14 de septiembre».
En ese sentido, el senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo (Frente Producción y Trabajo), aseguró que la noticia del derrame «fue supuestamente conocida por el Ejecutivo el lunes 12, y recién ayer a la medianoche hubo una conferencia de prensa donde el gobernador Sergio Uñac ordenó suspender la actividad en el yacimiento, medida que se debería haber tomado antes».
El gobernador Uñac, anticipó que la provincia volverá a «multar a Barrick Gold», pidió»desdramatizar la situación», ratificó que para San Juan «la minería es política de Estado» y agregó que «paralizar una mina no es una cuestión de dos minutos. Son tres mil trabajadores en forma directa y otro tanto en forma indirecta que se ven afectados».
En tanto, la organización ecologista Greenpace denunció que «Veladero debe ser cerrada definitivamente» y exigió además el efectivo cumplimiento de la Ley de Glaciares y la publicación del inventario que prevé la normativa.
