El fideicomiso es una figura con la cual, entre otras cosas, una persona deja en manos de un tercero el manejo de sus fondos. Al ser ciego el mandatario no puede tener información sobre las inversiones que se hacen con su patrimonio.

Canadá, Australia o los Estado Unidos, entre otros, han implementado estos sistemas, aunque hay bastantes críticas. “El Reporte Parker [de Canadá] establecía la abolición de los fideicomisos ciegos porque confundían al público entregando falsa confianza, ya que no eran ‘ciegos’”, señala un informe de Chile Transparente que hace una revisión sobre las regulaciones.

En la misma línea advierte que otro reporte concluyó: “Los fideicomisos no eran una alternativa viable si su objetivo era que el funcionario público se deshiciera temporalmente de sus activos, ya que igual podría sospechar sobre el destino de sus bienes, por lo que los fideicomisos ciegos no cumplían con su objetivo (…) se recomendó que si el empleado público no vendía sus activos, éste tuviera la obligación de publicar una declaración patrimonial y de intereses”.

En Chile, el ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014) estableció voluntariamente un fideicomiso ciego durante su mandato, que también tuvo críticas por la falta de transparencia. A su vez se desprendió de varias empresas, como el canal de televisión Chilevisión y sus acciones en el club de fútbol Colo-Colo y en la aerolínea Lan Chile.

“En la Argentina no hay antecedentes de otros mandatarios que hayan propuesto este tipo de instrumentos para manejar los conflictos de interés”, explicó Hernán Charosky, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y especialista en temas de transparencia. Y agregó: “Hay que ver los detalles y cómo se lleva a la práctica pero es una buena señal y es mejor que lo que se ha hecho hasta ahora: nada”.

En Estados Unidos, Ronald Reagan, Bill Clinton, Bush padre y su hijo, todos de buena fortuna al llegar a la presidencia, colocaron su dinero en un fideicomiso ciego. Barack Obama, en cambio, no lo hizo. La mayoría de sus activos están invertidos en bonos y letras del Tesoro de Estados Unidos, fondos de inversión y planes de ahorro para la educación de sus hijos, que no son activos que supongan un conflicto de interés. Buena parte de su fortuna –estimada en unos 7 millones de dólares– proviene originalmente de las ventas de sus libros, que han sido best sellers mundiales.

El debate más reciente sobre el tema se dio en las últimas elecciones presidenciales de 2012. El candidato republicano, Mitt Romney, que competía entonces con Obama, podría haberse convertido en uno de los presidentes más ricos de la historia estadounidense, con una fortuna que podría alcanzar los 264 millones de dólares.

Los expertos le aconsejaban entonces que disolviera el fideicomiso que había formado cuando fue gobernador de Massachusetts y si llegaba a la Casa Blanca creara un fideicomiso nuevo, que fuera aprobado por la oficina de ética gubernamental, con un administrador independiente.

Según el abogado Robert Kelner, que ha asesorado a candidatos y aspirantes sobre temas de ética, las leyes federales son mucho más estrictas que las estatales. “Romney podría enterarse del funcionamiento general de su cartera, pero no sabría nada sobre sus tenencias particulares”, explicó.

Otra de las posibilidades es que el presidente electo liquide sus activos, una decisión que le podría traer enormes problemas impositivos. Aunque quizá, como excepción, la oficina de ética le podría otorgar en ese caso algún beneficio, una especie de “certificado de desinversión”, estiman los expertos.