En las últimas semanas de la administración de Cristina Kirchner, las decisiones del Banco Central se convirtieron en el principal enemigo de la gestión de la energía que hace el propio gobierno.
El desenfreno por evitar una salida mayor de divisas perjudicó a YPF, una víctima impensada, dado que el 51% de la compañía pertenece al Estado y su gestión responde en última instancia a la Presidenta. La mayor empresa del país informó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, «por motivos ajenos a las partes», no se produjo la compra de una participación de control en las petroquímicas Petroken y Petroquímica Cuyo.
Fuentes al tanto de esas dificultades confirmaron que la operación quedó frustrada porque la entidad que preside Alejandro Vanoli no autorizó el giro de los fondos involucrados en la operación, que en total ronda los US$ 122 millones.
