Baltasar Garzón desembarcó en la Argentina tras ser condenado judicialmente en España a 11 años de inhabilitación como juez y 2.500 euros de multa, con sentencia definitiva del Tribunal Supremo.

Para el abogado Daniel Sabsay, esa aparente incongruencia infringe el artículo 16 de la Constitución argentina, así como el requisito de idoneidad exigido por la Ley 22.140 que regula la función pública. Para Sabsay, “es cierto que la sentencia se limita al campo judicial” pero “resulta obvio que con semejante condena Garzón jamás podía cumplir con el requisito de idoneidad para cualquier función pública”.

Dueño de un importante narcisismo intelectual, el privilegiado Garzón se ufanó de que puede “ocupar cualquier función pública salvo la de juez, temporalmente. Un cargo como el que ostento lo podría desempeñar en cualquier país, también en España. Sigo siendo juez, cuando concluya la condena me puedo reincorporar en forma inmediata a la Audiencia Nacional española”.

Pero en España nadie lo contrató, de modo que zarpó a hacerse la América. Para Cristina, Garzón es un benefactor, mientras que Cristóbal Colón no fue más que un codicioso “genocida” de pueblos originarios. Cuando abrió el período de sesiones de 2012 en el Congreso, saludó a Garzón, que la miraba sentado en un palco. “Usted nos honra con su presencia”, lo agasajó, para rematar reconociéndole “su defensa de los derechos humanos, que es uno de nuestros puntales como proyecto de país”. Acto seguido, con su disciplina proverbial, ministros, legisladores y público se pusieron de pie y ovacionaron al ex juez, cuya expulsión de la carrera judicial en España se debió a que ordenó escuchas clandestinas de conversaciones entre los acusados de corrupción en el caso Gürtel y sus abogados, siendo condenado por prevaricación.

La corresponsal española Carmen de Carlos, del diario madrileño ABC, recuerda que la sentencia le fija a Garzón la “pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores”, y recuerda que dictamina su “incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales”.

Fue inhabilitado por 11 años para ejercer como juez en España desde el 9 de febrero de 2012, por violar el derecho a defensa en juicio de sus procesados. La condena se cumplirá en 2023.

Con estos antecedentes, el Gobierno Nacional designó como subsecretario de Estado al español residente en la Argentina Baltasar Garzón Real, otro empleado público más, y muy bien remunerado.