Los legisladores nacionales del PRO presentaron una «acción declarativa de inconstitucionalidad por falta de ley de implementación y problemas de clara discrecionalidad contra la Procuración General de la Nación, por la designación de los fiscales subrogantes nombrados por Alejandra Gils Carbó».

El expediente, indicaron, fue ingresado al juzgado de feria a cargo del juez Enrique Lavié Picó, y por sorteo recayó en el juzgado Nº 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, quien entenderá en la causa una vez finalizada la feria judicial de enero.

«Pedimos que se declare la invalidez jurídica o inconstitucionalidad de las resoluciones de la Procuración, que hubiera procedido a la designación de personal destinado a cubrir los cargos creados en los términos de la ley 27.063», dijeron los legisladores y solicitaron «que se haga cesar dicha actuación, porque la medida viola el principio de división de poderes, potestades y competencias constitucionales conferidas a los legisladores y al Congreso de la Nación».

En ese contexto, Bullrich justificó la suspensión del nombramiento de fiscales mediante una medida precautelar dispuesta por el juez Lavié Picó, tras una demanda presentada por el diputado bonaerense del Frente Renovador Mauricio D Alessandro, y al respecto señaló que «la Justicia no se entromete», como señala el oficialismo.

«El Código Procesal Penal (CPP), en su anexo 2, le permitía al Ministerio Público (Gils Carbó) nombrar 1.734 cargos judiciales, que no tenían ley de implementación, no se sabía dónde iban a ir, qué tarea iban a cumplir y qué perfiles había que conseguir porque no se sabía en qué tipo de fiscalía iban a estar. En consecuencia, el único objetivo de ese anexo 2 era hacerse de esos cargos», dijo Bullrich en declaraciones a la radio Rivadavia.