Elisa Carrió y su denuncia contra la Presidenta por Nisman

La diputada por la Coalición Cívica y precandidata presidencial Elisa Carrió denuncia a la presidenta Cristina Kirchner, el jefe del Ejército, César Milani, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, por «encubrimiento» del «crimen» del fiscal Alberto Nisman.

Carrió anunció en un comunicado que, además del presunto «encubrimiento», también denuncia a la Presidenta y el resto de los funcionarios por «inteligencia ilegal, intromisiones graves en el desempeño del Poder Judicial, omisión de denuncia y asociación ilícita para la comisión de estos delitos».

En su denuncia, presentada por el diputado Fernando Sánchez en los Tribunales de Comodoro Py, la legisladora sostuvo que «debe investigarse la participación en el crimen de Nisman de una rama de la Policía Federal, la posible producción de pistas falsas por parte de los investigadores y la existencia de una ‘zona liberada’ propicia para el homicidio».

La legisladora incluyó en su denuncia la presunta comisión de los delitos de «atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad y violación del principio constitucional de la división de poderes», al argumentar que se «presionó de manera mafiosa a los fiscales».

También apuntó que pudieron «realizarse operativos de inteligencia que pueden haber sido responsables del asesinato de Nisman».

FUERTE ACUSACIÓN A GILS CARBÓ
Carrió afirmó asimismo que sobre Gils Carbó «pesa la responsabilidad de no haber preservado la vida de uno de sus hombres», en referencia a Nisman, quien había denunciado a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y a distintos dirigentes oficialistas por «encubrimiento» en la causa AMIA.

También apuntó a «la constante persecución de fiscales independientes y una inadmisible presión sobre la fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein». «Todo esto ocurre mientras la Presidenta esgrime, en cadena nacional, sus certezas sobre el asesinato de un fiscal, sin hacer la denuncia que le corresponde de acuerdo a lo que señala la Constitución Nacional», agregó.

Por otro lado, planteó que «es sabido que el Gobierno tiene gente capaz de asesinar por encargo: uno es Milani, por lo que surge de las denuncias sobre su participación en la represión en Tucumán y la desaparición del soldado (Alberto) Ledo, y otro es Fernández, dados sus vínculos con el triple crimen mafioso de General Rodríguez», concluyó.