José Cano y Domingo Amaya, la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), ofreció una conferencia de prensa en la que criticó a los miembros de la Junta Electoral Provincial (JEP), a raíz del informe de la Gendarmeria que advirtió sobre deficiencias en los registros de las cámaras de vigilancia que se instalaron en el órgano de control.
«La empresa que se contrató es trucha y Antonio Gandur, el presidente de la JEP, es responsable de esa contratación. El órgano de control es cómplice del oficialismo», disparó Cano, en el contacto con la prensa, en el hotel Catalinas Park, frente al Parque 9 de Julio.
También anunciaron que esta mañana, el abogado Juan Robles, del ApB, presentó en la Justicia Federal una ampliación de la denuncia contra el Correo Argentino, que alcanza a la Junta Electoral, de la Gendarmería Nacional y de Francisco Jiménez, el propietario de las cámaras de vigilancia, servicio que se contrató la JEP para controlar la actividad el movimiento de las urnas en la sede de Mendoza 1.050, en el centro de San Miguel de Tucumán.
En la presentación, el ApB solicitó la detención de los secretarios de la JEP, Darío Almaraz y Alfredo Iramain; los miembros de Gendarmería Claudio Adolfo Maley, Paul Danilo Rivero, Ricardo Augusto Gil Gómez, Roberto Veliz, Alfredo Peñaloza, Miguel Cossio, Manuel Vassel; y del técnico infomático Francisco Omar Jiménez, entre otros.
El ApB los acusó de: atentado al orden constitucional y la vida democrática; destrucción y adulteración de las filmaciones de la JEP; y asociación ilícita y defraudación.
«El sistema de seguridad sólo pudo ser eliminado, alterado u obstaculizado con el concierto premeditado de voluntades destinado a hacer desaparecer evidencia cuyo último destino era precisamente defraudar la libre expresión ciudadana. Alterar los contenidos de todas y cada una de as urnas para favorecer a las listas del oficialismo», precisó.
