Escandalosa maniobra judicial: domiciliaria para el Caballo Suárez

Omar «Caballo» Suárez pudo pasar el Año Nuevo en la casa de su hija: el viernes a última hora el juez Luis Rodríguez le concedió la prisión domiciliaria, después de estar detenido desde septiembre de 2016 en el Penal de Marcos Paz, acusado de fraudes millonarios y extorsión a empresarios desde su gremio naviero (SOMU).

Pese a que el magistrado original de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, le había rechazado cuatro pedidos de excarcelación, Rodríguez, que lo subrogó, recibió una serie de informes médicos que fueron determinantes para concederle la domiciliaria con tobillera electrónica (se la colocarán este martes) y otras medidas restrictivas.

«Salí del infierno», le dijo Suárez a su hija cuando ingresó a su casa el sábado por la madrugada cuando se hizo efectiva la prisión domiciliaria. El martes, según pudo saber Clarín, comenzarán a realizar más controles médicos en el domicilio. Ya estuvo allí el psiquiatra «dando pautas para el tratamiento y seguimiento», indicaron desde el entorno familiar a Clarín.

El juez Rodríguez concedió la prisión domiciliaria a Suárez, uno de los sindicalistas preferidos de Cristina Kirchner, debido a su estado de salud. El magistrado recibió un nuevo informe del cuerpo médico forense y decidió sacar de la cárcel al dirigente. Suárez se hizo mostrar por TV con la barba y el pelo largo caminando por los pasillos de Comodoro Py y su hija apareció en varios programas para hablar de su estado de salud.

La defensa de Suárez argumentó para el pedido de prisión domiciliaria una supuesta «involución y deterioro en la salud» del sindicalista K , a partir de su detención, por estar en un lugar «inadecuado para su tratamiento y en la necesidad de realizar en el ámbito de su domicilio un tratamiento de rehabilitación cardiovascular y neurológica con control clínico permanente».

En función de ello, se dispuso la realización de un estudio pericial interdisciplinario con intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia Nacional y con la participación del médico particular del imputado, en carácter de Perito, Dr. Gustavo Bursztyn.

«Resulta evidente que no se practicó ninguno de los estudios recomendados por el Cuerpo Médico Forense en el informe interdisciplinario y que se encuentran acreditadas las patologías a que se ha hecho referencia y junto con ello el desmejoramiento progresivo del estado de salud del causante», señala la resolución judicial a la que accedió Clarín.

Ese último informe, fechado el 28 de diciembre, concluyó entre otras cosas sobre el ex secretario del SOMU:

– «Se trata de un paciente hipertenso con enfermedad diverticular».

– «Presenta eventuales complicaciones neurológicas o cardiológicas agudas»

– «Presenta episodios de proctorragia (pérdida de sangre por ano) sin aparente descompensación hemodinámica».

– «Presenta hemorroides externas grado I/II» y se sugirió «su control y evaluación por Servicio de Hepatología y Proctología y que se le practique una nueva videocolonoscopía.

Así, el último informe señaló que un trasladado desde el Penal de Marcos Paz, arribando en 15 minutos a un Centro Médico, «representa una posibilidad ideal, pero es altamente improbable para una gran mayoría de la población, máxime para aquellos que viven fuera del área urbana de Buenos Aires».

Hubo un informe previo que no coincidió en su totalidad con este último. Fue entregado en noviembre y señaló que no se no lo puede calificar como «paciente terminal», ni portador de «enfermedad incurable». «Tampoco corresponde que sea alojado en un establecimiento hospitalario», había concluido.

Esa evaluación, además señalaba que permanecer en la cárcel «no le impediría tratar adecuadamente sus dolencias», y se sugirieron algunas medidas para garantizarlo, como «controles periódicos por especialistas de cabecera, estudios complementarios solicitados, prestaciones farmacológicas oportunas y ajustadas a prescripción, adopción de medidas de prevención».

Después se ordenó la supervisión del manejo nutricional acorde a su condición clínica y que Suárez «mantenga adherencia al plan propuesto por los profesionales a cargo de la atención de su salud» y que haga ejercicio físico.

Pero después de ese informe, la defensa argumentó que quedaron análisis pendientes y por ello insistieron en su prisión domiciliaria. Se informó allí, que Suárez presentaba «antecedentes de adicción a bebidas alcohólicas, catalogado como un alcohólico crónico grave», con deterioro «progresivo y alarmante de su salud» por ingerir «aproximadamente cinco litros de bebida alcohólica diaria durante treinta años».

Con el nuevo informe, que remarcó que no hay posibilidad de que llegue a un centro de salud por la ubicación del Penal de Marcos Paz, el juez Rodríguez cambió la prisión ordenada el 13 de septiembre de 2016 para Suárez, por una domiciliaria con tobillera electrónica, con prohibición de salida del país.