Galuccio quiere 5 millones de dólares para irse de YPF


La salida de Miguel Matías Galuccio de YPF, que parecía encaminarse en un proceso pacífico y sin costos, empezó a complicarse. En las últimas horas hubo reuniones del más alto nivel que no terminaron de cerrar un punto clave e inesperado: una indemnización de más de 5 millones de dólares que el ejecutivo petrolero pretende cobrar para irse sin estridencias.

El ejecutivo, que volvió a la Argentina de la mano del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, quiere hacer valer la cláusula golden parachute que había incluido entre las condiciones para dejar su puesto de gerente general para México y América Central de Schlumberger, una petrolera que está en el top 100 de las mayores empresas del mundo. «No volvió al país para perder plata», reconoce un actor clave en el traumático proceso de expropiación, primero, y estatización, después, de la mayor compañía nacional, que hasta 2012 era de capitales españoles.

La cláusula de rescisión del contrato, según otras fuentes que tuvieron conocimiento de los números finos del desembarco de Galuccio, asciende a 5,5 millones de dólares y esa es la suma que Galuccio estaría bregando por cobrar. Pero el tiempo no es un aliado para el, hasta hoy, sigiloso ejecutivo petrolero. Son, en moneda nacional, más de 80 millones de pesos, que Galuccio quiere que le paguen, y de una sola vez.

La pretensión cayó pésimo en el gobierno nacional, que impulsa un reordenamiento del Estado nacional, con despidos de militantes rentados a cuenta del fisco y recortes de personal en todas las oficinas públicas. Será difícil para la administración macrista justificar públicamente ese suculento «premio», mientras suenan en las calles, en los medios y en las redes sociales los ecos de protestas de estatales echados por aplicación de decretos firmados por Macri.

Frente al reclamo planteado por el petrolero surgió una primera observación que, según confiaron fuentes gubernamentales, se le presentó a Galuccio: no hay efectivamente un despido, sino que se trata de una renuncia consensuada, atada a una asamblea de accionistas. Otro punto: un pago de 5,5 millones de dólares a Galuccio –un ejecutivo con varios puntos flojos en su gestión– sería políticamente inviable.

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