Luego de que le embargaran su planta de Valencia, en Venezuela, General Motors anunció la suspensión inmediata de operaciones en dicho país. Ayer el gigante estadounidense denunció que sus instalaciones fueron tomadas por la fuerza pública.
En un comunicado de prensa, la empresa explicó que «se ve forzada a cesar sus operaciones en Venezuela como consecuencia de un embargo judicial totalmente ilegal». Además, notificó que «otros activos, como vehículos, fueron sustraídos ilegalmente de sus instalaciones».
La automotriz, con casa matriz en Detroit, aseguró que liquidará a la totalidad de los trabajadores de acuerdo a la regulación venezolana, siempre que las autoridades se lo permitan.
Según detallaron, los afectados son 2.678 trabajadores, a los que hay que sumar 79 concesionarios y una red con más de 3.900 empleados. Toda esta cadena «representa más del 55% de la industria de autopartes de Venezuela», estimaron.
El embargo de ayer fue notificado a General Motors Venezuela (GMV) por la Tercer Instancia de la Corte Civil, Comercial y Tránsito del Circuito Judicial de Zulia. Para la compañía, el embargo fue dictado «en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso».
