El Gobierno dio de baja 70.000 pensiones para discapacitados

Se trata de una medida impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social, con Carolina Stanley a la cabeza. En los últimos tres meses creció el número de afectados.

Según información dada a conocer por la periodista Marcela Pagano del diario Clarín, el Ministerio de Desarrollo Social autorizó la baja de unas 70.000 pensiones por discapacidad. En lo que va de junio, 16.457 personas sufrieron la quita de este beneficio de 4.776 pesos mensuales.

Además, desde el propio ministerio confirman que hay una demora de un año para acceder a los certificados de discapacidad, con más de 180 mil expedientes esperando autorización.

Para realizar el controvertido recorte, Desarrollo Social se basó en un decreto de Carlos Menem, el 432 de 1997. Aún así, diversos abogados y especialistas sostiene que, en realidad, la legislación vigente es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional”, según sostiene la periodista.

De todo esto, se entiende que ahora no podrán recibir pensión por discapacidad aquellos discapacitados que:

-Convivan con un cónyuge que cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima, de 6.377 pesos.

-Convivan con un tutor, responsable o cónyuge que cobre un salario superior a tres jubilaciones mínimas, hoy en día 19.200 pesos.

-Quienes tengan a su nombre un bien, como por ejemplo un automóvil.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino salió a dar explicaciones, no del todo convincentes y culpando, como ya es tradición en el gobierno de Mauricio Macri, al kirchnerismo: “El Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones, llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados, intendencias del interior”.

Pero el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro respondió: “El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”.

“Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión” prosiguió el letrado.

Guillermo Badino, por su parte, se excusó: “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad: una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.