La violencia escaló el viernes en Honduras ante el retraso de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada. Lo que llevó al gobierno a decretar un toque de queda para intentar frenarla.

Este viernes comenzó un plazo de 10 días durante los cuales los hondureños no podrán salir a las calles entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.

Las Fuerzas Armadas y la policía nacional podrán detener a cualquiera que encuentren fuera del horario de circulación establecido o que sea sospechoso de haber causado daño a otras personas o bienes.

La nación centroamericana celebró elecciones presidenciales el pasado domingo, pero el ente que se encarga de contabilizar los votos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no ha anunciado el vencedor.

Ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron escenarios de escenas violentas.

La tardanza y los fallos en el sistema a los que el TSE aludió esta semana provocaron protestas en diferentes puntos del país que, si bien en un principio fueron pacíficas, luego se tornaron violentas.

Los opositores acusan al TSE de querer manipular los resultados para dar la victoria al actual presidente, Juan Orlando Hernández, que se presenta a una polémica reelección.

En los últimos días, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Incluso se produjeron actos vandálicos.

En San Pedro Sula, una ciudad al noroeste conocida como la capital industrial del país, grupos violentos bloquearon carreteras y saquearon comercios, según informó la prensa local.

Al menos 50 personas fueron detenidas en la zona comercial de esta urbe por «alterar el orden y cometer delitos», según un comunicado de la Policía Nacional.

La policía advirtió que los saqueos se pueden castigar con más de 30 años de cárcel.

En todo el país, más de un centenar de personas fueron detenidas en flagrancia por delitos como robo, asociación ilícita y daños, según indicó en su cuenta de Twitter esta institución.

La policía mostró fotos de agentes heridos durante las operaciones y aseguró que el saqueo de comercios puede ser castigado con más de 30 años de cárcel.

Al menos cinco personas fallecieron, unas veinte resultaron heridas y más de cien fueron detenidas, según medios de comunicación locales.