Según la «Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos» N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017,  el submarino ARA San Juan debía «obtener reconocimiento preciso» y «localización, identificación, registro fotográfico/fílmico» de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el «BP CFL HUNTER», el «HMS CLYDE» y el «FPV PROTEGAT».

La instrucción, rotulada como «CONFIDENCIAL» por la comandancia de la Armada, es precisa. Además de fiscalizar la presencia de pesqueros extranjeros que desarrollan su tarea comercial «fuera de las 200 millas», la tripulación tenía la misión de realizar inteligencia sobre parte de la flota y la aviación de guerra y comercial inglesa con base en las Islas Malvinas. El dato, desconocido hasta hoy, fue negado ante reiteradas consultas periodísticas y de los familiares de los tripulantes por el Ministerio de Defensa y por la Armada.

Fuentes militares no descartan que en el marco de dichas operaciones el buque de guerra argentino haya sido detectado fuera de la Zona Económica Argentina por naves de patrullaje británica. De ser así, la maniobra podría haber sido interpretada como una invasión a lo que consideran una zona de conservación pesquera de las Malvinas. Esta podría ser una de las razones por las cuales el ARA San Juan era vigilado de cerca en una misión anterior por un submarino nuclear, según surge de los reportes confidenciales publicados la semana pasada.  Se desconoce hasta ahora si el capitán Pedro Martín Fernández reportó a sus superiores un contacto similar en la última navegación iniciada en Ushuaia.

En la cartografía británica, parte de la zona hacia donde había sido destinado el submarino está señalada como de prohibición de pesca para buques no autorizados por la gobernación de las Islas Malvinas y es patrullada por naves rápidas inglesas, similares a las utilizadas por la Prefectura Naval Argentina para proteger las riquezas naturales en el mar.

Para que no queden dudas sobre la zona en la que el submarino desaparecido debía realizar sus operaciones de fotografía, localización e identificación, la orden estableció un área de patrullaje denominada «Juliana».

Abarcaba una amplia superficie comprendida por las latitudes y longitudes 46° 00′ S, 61° 30′ W- 46° 00′ S, 59° 34′ W- 47° 50′ S, 60° 24′ W, 47° 50′ S, 62° 20′ W , cuya proyección demuestra que el submarino y sus tripulantes debían navegar en un área que el Reino Unido considera como propia.

De acuerdo a estos documentos, al submarino argentino se le ordenaba expresamente que violara el artículo 111° de la Convención de la Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (Convemar), que delimita el derecho de persecución. No existen documentos oficiales que determinen si el ARA San Juan cumplió con esta directriz en la misión en la que desapareció. Sí, en cambio, en su penúltima navegación.

El 9 y 10 de julio de 2017, cuando el ARA San Juan detectó el «rumor sonar» de un submarino nuclear presumiblemente británico por la zona en que navegaba, que en ese caso la Armada Argentina denominó «Área Micaela», se violaron convenios y tratados internacionales.

Los posicionamientos del submarino argentino cuando identificó a su par nuclear lo ubican, según la cartografía naval, el día 9 a las 19:48 a 18 millas náuticas (33,3 km.) dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La proyección de la dirección de dónde provenía el «rumor sonar» ubica al submarino extranjero cerca de la posición del ARA San Juan. En cambio al día siguiente, el 10 de julio, a las 03:45, ubica al ARA San Juan sobre la línea imaginaria que determina el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva. Y esta vez el «rumor sonar» ubica al submarino nuclear mucho más cerca del submarino de bandera argentina.

Los gráficos aquí presentados muestran la ubicación exacta según las coordenadas volcadas por el comandante en el reporte elevado el 14 de agosto de 2017 al comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide. Es el mismo oficial superior que firmó las dos órdenes de mando que le solicitaban al ARA San Juan realizar tareas sobre objetivos civiles y militares ingleses dentro del área controlada por el Reino Unido.

Villamide fue pasado a «disponibilidad» junto a otros siete oficiales por disposición del ministro de Defensa hasta tanto la jueza federal Yáñez determine qué pasó con el submarino en su última partida.