Una jueza de Formosa decretó que los comentarios al aire de un oyente radial eran causa razonable para sentenciar a periodistas y a medios locales por “daños y perjuicios”.

El hecho por el que fueron condenados ocurrió el 21 de enero de 2013. Aquel día,un radioescucha anónimo realizó una llamada al programa radial“Mano a Mano”de Gabriel Hernández y acusó al gobernador formoseño de ser el autor material de la muerte de su propio hijo, Gildo Miguel, suceso ocurrido diez años atrás. Los dichos del oyente fastidiaron a Insfrán, quien inició una causa contra Hernández, su mujer y contra todos aquellos medios de comunicación que se hicieron eco de la declaración.

Luego de más de dos años, llegó la sentencia final de la jueza Giselle Verónica Drovandi, quien determinó que los condenados no cumplieron con el deber de transmitir información veraz y de manera objetiva, y permitieron que se difamara al gobernador. La magistrada objetó la actitud de Hernández por “no haber cuestionado ni corregido lo dicho por el oyente” y consideró que “incurrió en una actitud difamatoria, por acción y por omisión”.

Según el criterio aplicado porDrovandi, se puede interpretar que un periodista “debiera” definir su postura con respecto a las declaraciones de un entrevistado u oyente. De modo contrario se consideraría que el comunicador comparte y asiente la opinión de dicha persona.

En referencia al fallo, el conductor radial consideró: “La sentencia no tiene pies ni cabeza, porque la supuesta ofensa la origina una llamada telefónica anónima. Nadie en mi programa la comentó ese día, ni los días siguientes; nadie dijo estar de acuerdo, ni que lo dicho era cierto, pero igualmente la jueza dice que soy responsable, por haber permitido que el oyente hable en el programa”. Y precisó: “Lo que sí dije, días después, cuando empezó la polémica, fue que los oyentes tienen derecho a expresarse, y que en mi programa todos pueden llamar y opinar, y que voy a defender ese derecho. Lo dije y lo mantengo”.

Hernández calificó la sentencia como un “brutal atropello a la libertad de prensa” del gobierno de GildoInsfrán y adelantó que va a apelar “hasta llegar a la Corte Suprema, si es necesario”. “Diariamente, centenares de personas llaman y mandan mensajes a los programas de radio y televisión; si los conductores de esos programas tienen que sentar posición sobre cada mensaje o llamado, diciendo si están o no de acuerdo con lo que dicen los oyentes, entonces habrá que cerrar el micrófono a la audiencia, porque ningún canal ni emisora puede materialmente cumplir semejante tarea”, concluyó el periodista.