La Corte Penal de La Haya investigará a Maduro por la represión

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto un examen de carácter preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en Venezuela y Filipinas, desde abril de 2017 y julio de 2016, respectivamente.

La fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, ha revisado «de forma cuidadosa, independiente e imparcial, las comunicaciones e informes recibidos que documentan presuntos crímenes que pudieran ser de nuestra competencia».

En el caso venezolano, analizará tanto los crímenes cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, como por la oposición. Se trata fundamentalmente de la ola represiva desatada entre abril y agosto del año pasado contra unas masivas manifestaciones de protesta. Al menos 125 civiles fueron asesinados por fuerzas estatales y parapoliciales en esos episodios represivos.

En Venezuela hay varios cientos de presos políticos en condiciones de detención aberrantes, muchos bajo jurisdicción militar. Cientos de dirigentes políticos han debido huir al extranjero, donde han pedido asilo político. En el caso filipino, el contexto es la «guerra contra las drogas» patrocinada por el presidente Rodrigo Duterte.

Tanto Venezuela como Filipinas son signatarios del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, y la fiscal Bensouda sigue de cerca su situación interna desde 2016. En Venezuela, los crímenes se remontan al mes de abril de 2017 «en un marco de manifestaciones e inestabilidad política». La fiscal, que ha anunciado su decisión por escrito y en un vídeo, destaca «las alegaciones sobre el uso frecuente y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, para dispersar y reprimir las manifestaciones». También «el arresto y detención de miles de miembros de la oposición, ya fueran reales o así vistos, varios de los cuales habrían sido sometidos a serios abusos y malos tratos durante su retención».

El examen de la jurista incluye «algunos grupos de manifestantes, de los cuales también se ha dicho que recurrieron a la violencia, con el resultado de miembros de las fuerzas de seguridad heridos o muertos». La fiscal no menciona sin embargo los crímenes más violentos, perpetrados por las bandas paramilitares el chavismo, los llamados «colectivos», responsables de decenas de asesinados a tiros durante el período de manifestaciones entre abril y agosto pasados.

Organismos internacionales de derechos humanos, como Humans Rigths Watch y Amnistía Internacional, ha condenado al régimen chavista por la represión sistemática y la persecución de la oposición. Ambas organizaciones han publicado documentados informes sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela.

En Filipinas, la fiscal de la CPI estudiará la situación creada por la campaña contra las drogas lanzada por el gobierno. «Desde julio de 2016, según se ha alegado, han sido asesinadas miles de personas por supuesto uso de drogas, o bien debido a su tráfico ilegal. Algunos de estos asesinatos tuvieron lugar en el seno de pandillas, pero se señala que hubo ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales antidroga», según la fiscalía.

Harry Roque, portavoz del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, ha definido la investigación de la CPI como «una pérdida de tiempo y recursos».

La CPI es la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. También es un tribunal complementario y de último recurso, ya que las jurisdicciones nacionales deben investigar a los responsables de este tipo de crímenes. «Estamos en contacto con las autoridades nacionales de ambos países, para evaluar la investigación y enjuiciamiento a escala nacional», añade Bensouda. En estos momentos, la Corte examina casos en Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak/Reino Unido, Nigeria, Palestina y Ucrania.