La Justicia Federal brasileña ha dado apertura este viernes a la primera acción penal contra ejecutivos de importantes constructoras sospechosos de haber participado en la red ilegal que desvió millonarias sumas del ente estatal Petrobras.

Sérgio Moro, el juez responsable del caso, bautizado como ‘Lava Jato’, ha aceptado recientemente las nueve denuncias realizadas por la Fiscalía contra altos ejecutivos de una de las empresas contratistas y un ex director de la estatal, quienes se convirtieron en el primer grupo de acusados. En total, el Ministerio Público denunció a 36 personas.

Entre los acusados están el ex director de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el cambista Alberto Youssef, sindicado de comandar una red que se ocupaba de blanquear el dinero desviado de la estatal.

Ambos están en prisión desde marzo pasado y han colaborado aportando información detallada sobre las maniobras ilegales a cambio de obtener beneficios en la pena cuando sean juzgados.

Según las denuncias, unas 16 empresas constructoras socias de Petrobras se habían organizado como un cartel para repartirse las obras licitadas por la dirección de Abastecimiento.

Las obras, en su mayoría innecesarias o injustificadas, según la Fiscalía, presentaban presupuestos hinchados, se estima que el grupo destinaba entre el 1% y el 5% del valor total de cada contrato firmado a pagar sobornos a empleados de Petrobras, políticos y partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y Partido Progresista (PP).