La Ley del Actor se convirtió en un eje de disputa en medio de la temporada de verano, pero no es de ahora, ya que fue aprobada el 28 de octubre (todavía con el Kirchnerismo en el poder). No obstante, aún falta que se reglamente en el Poder Ejecutivo.
El objetivo principal del la Ley del Actor es instaurar un marco legal para que los actores, actrices e intérpretes puedan gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores de otras ramas y profesiones.
La ley que enfrenta a La Asociación Argentina de Actores (AAA) y a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) tiene cuatro ejes:
_ Ratificación a la condición de trabajadores en relación de dependencia de actores e intérpretes que actualmente se vinculan con el empleador con un contrato eventual o plazo fijo.
_ Ampara y protege el uso de la imagen de los actores, actrices e intérpretes.
_ Instituye como obligatorio que la conformación del contrate se realice de forma escrita y que su redacción se lleve a cabo conforme las normas establecidas y las homologadas en el convenio colectivo correspondiente a cada rama de la actividad.
_ Le da cobertura desde lo previsional a un colectivo de trabajadores que se caracteriza por su discontinuidad laboral.
Los empresarios plantean que se modificarán los costos de producción, por lo que, aseguran, la actividad teatral se vería afectada en el corto plazo. En febrero, cuando todavía se desarrolla la temporada, se pondría en vigencia.
Por su parte, el pasado viernes, un grupo de 70 actores emitió un comunicado oficial en el que se muestra en contra de algunos aspectos de la ley, ya que consideran que, «al no contemplarse la particularidad de la prestación de la tarea, no representa las reales necesidades de los actores trabajadores argentinos». Algunos de los actores que firmaron el pedido dirigido a Mauricio Macri son considerados como primeras figuras y trabajan a porcentaje con los productores, en lugar de tener un contrato prefijado.
Sucede que, si bien la jubilación para los actores ya estaba cumplida, la ley propone que se computen 120 jornadas efectivas de trabajo como un año de servicios de aportes. Por esta razón, los empresarios remarcan que, al cambiar la categorización de los intérpretes, no se contemplan situaciones particulares del actor, como las figuras que encabezan los espectáculos y que habitualmente obtinene un porcentaje del total recaudado con la obra.
La Asociación de Actores sostiene que los empresarios buscan convencer a los intérpretes de que una vez que se ponga en marcha la ley, no podrán seguir produciendo obras porque no podrían encarar los gastos que se generan con la aplicación de la ley. Es decir: plantean que deberán contratar menos actores o pagar sueldos más bajos.
No obstante, desde la AAA aclaran que no habrá disminuciones en los sueldos por pagar jubilaciones y aportes, ya que ese 11 por ciento que representa sería recompensado con vacaciones y aguinaldo.
